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España dirige la presión sobre YPF a que Argentina dé una indemnización

El Gobierno recibe el apoyo de todos sus socios comunitarios en relación al conflicto

La prensa local afirma que el Gobierno de Kirchner va a tasar a la petrolera en "cero pesos"

Cambio de tono. El Gobierno ya no confía en que la presión internacional sirva para que Argentina dé marcha atrás. Sigue presionando para que la Unión Europea aplique medidas concretas, eleve una queja a la Organización Mundial del Comercio y obtenga el respaldo del Fondo Monetario Internacional, el G-20 y todos los foros internacionales en los que participa, pero considera que más que retirar la nacionalización de YPF, España debe canalizar toda la presión por la vía diplomática para que Repsol y sus accionistas obtengan una compensación justa, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en Luxemburgo. El Ejecutivo, que recibió el apoyo de sus socios en este contencioso, presiona para acelerar el final de las ventajas arancelarias de las que disfruta Argentina en la UE. Pero se teme lo peor: sospecha que Argentina busca un nuevo socio industrial para la compañía energética YPF.

García Margallo deslizó que no sería de extrañar que el Gobierno argentino “esté buscando un socio extranjero a quien vender la participación de YPF expropiada a Repsol”. Algo parecido se teme Repsol, que ayer lanzó un aviso a navegantes: advirtió que pondrá en marcha acciones legales frente a cualquier empresa que invierta en YPF, que aún es su filial hasta que la nacionalización del 51% se haga efectiva.

El contencioso entre España y Repsol, por un lado, y el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner va para largo. Los ministros de Exteriores de la Unión expresaron ayer “su total apoyo a España”, según la Alta Representante de política exterior de la UE, Catherine Ashton, pese a que es poco probable que esas palabras se traduzcan en medidas concretas. España lo intenta por tierra, mar y aire. Pretende que la UE sustituya las negociaciones con Mercosur (el bloque comercial de América Latina en el que participa Argentina) por acuerdos bilaterales para dejar fuera a Buenos Aires de cualquier acuerdo. Persigue acelerar el final de las ventajas arancelarias, previsto para 2014. Y no descarta nuevas medidas, pese a que García Margallo suavizó ayer claramente las andanadas contra el Gobierno del país suramericano. “No se discute el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, aunque eso parece un error en pleno siglo XXI. Lo que se discute es que pueda expropiar sin pagar”.

El diario La Nación de Buenos Aires publicaba ayer precisamente que el objetivo del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es pagar “cero pesos” por la partiipación del 51% en YPF a expropiar. Repsol reclama 10.500 millones de dólares por su 57,4%.

El tono con Argentina empezó a suavizarse ya tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, cuando se vio que España apostaba ya por los cauces diplomáticos para resolver los problemas. Los técnicos de Bruselas aconsejan que España y la Unión no descarten el diálogo ante “el récord de incumplimientos que Argentina tiene en el órgano arbitral encargado de dirimir las diferencias en materia de inversiones internacionales”, dijo García Margallo.

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