Repsol y el Gobierno Kirchner, ¿obligados a entenderse en YPF?

La española Repsol puede acabar volviendo a entrar en el capital YPF si se activa el acuerdo firmado en 2008 con el grupo argentino Petersen que prevé que la petrolera se haga con el 24% de la participación que esta sociedad, propiedad de la familia Eskenazi, tiene en la compañía renacionalizada esta semana por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Precisamente, la clave que activaría el acuerdo es la pérdida del control de YPF, según informa Bloomberg.

El acuerdo incluye una cláusula que obliga a Repsol, bajo ciertas condiciones, a hacerse cargo de los préstamos con los que la familia Eskenazi entró en el accionariado de YPF. Su 25%, a diferencia de lo que paso con la petrolera española, no se verá afectado por la expropiación, que se restringe al 51% de la antigua empresa estatal argentina que estaba en manos de la compañía presidida por Antonio Brufau. En cualquier caso, desde Repsol, se opondrá resistencia a la activación del pacto en tanto en cuenta su salida de la empresa ha sido por causa de fuerza de mayor, tal y como han destacado dos abogados familiarizados con el asunto que han visto el acuerdo o se les ha informado sobre el mismo.

Tom Ginsburg, profesor de derecho internacional en la Universidad de Chicago pero que no interviene en el proceso, coincide con el punto de vista de que la expropiación supone un hecho de fuerza mayor que exime a Repsol de cumplir el acuerdo. La petrolera puede defender que, dado que su retirada no es voluntaria, no está obligada a activar el pacto, añade.

En opinión de este experto, “es un chantaje que por una expropiación que no estaba prevista por la empresa, su salida pueda entenderse como causa necesaria para activar el acuerdo". Por el lado contrario, los Eskenazi pueden argumentar que "Argentina tiene una larga historia de nacionalizaciones, con lo que esta posibilidad no era del todo descartable”, reconoce. "El evento que daría lugar a la puesta en marcha de la cláusula sería una transacción impulsada por el mercado y no una expropiación gubernamental", matiza Ginsburg. Un portavoz de Repsol en Madrid no ha querido hacer comentarios mientras, desde Buenos Aires, la familia Eskenazi, que ha creado su fortuna a partir del negocio inmobiliario y la banca, no ha dado respuesta a las llamadas de Bloomberg.

El presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, adelantó que reclamará al menos 8.000 millones de euros al Estado argentino por la expropiación de YPF, medida que calificó de “ilegal”. Lo que reclama Repsol es la aplicación de los compromisos asumidos en el proceso de privatización a finales de los noventa. En ellos, se recogen la obligación del Ejecutivo argentino de lanzar una oferta por el 100% de YPF si quiere tomar su control y poseer más del 15% de las acciones.

No obstante, el Gobierno de Fernández de Kirchner ya ha respondido que no piensa abonar la cantidad que reclama Repsol, que a su vez ha anunciado una ofensiva judicial en el Banco Mundial. Ante incertidumbre sobre la compensación y el desenlace del crédito a Eskenazi, las acciones de Repsol van ya por su cuarta jornada consecutiva de caídas y ya han superado el nivel que los expertos calculaban como el peor escenario posible. Hoy, sus títulos se dejaban un 2,45%, con lo que se intercambiaban a 14,3 euros.

Desde que se anunció la renacionalización, la compañía ha perdido un quinto de su valor en Bolsa. Para rematar, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s decidió ayer rebajar en un escalón la nota de calidad crediticia de la petrolera a BBB-, considerado como el último escalón del nivel considerado como apto para la inversión.

En 2008, Repsol accedió a los deseos del Ejecutivo de Néstor Kirchner y facilitó la entrada en YPF del grupo local Petersen de Enrique Eskenazi, que se hizo en un primer momento con el 15% y, en 2011, amplió su participación en otro 10%, en ambos casos recurriendo al crédito. Repsol dio a los Eskenazi apoyo financiero y todo tipo de facilidades. El grupo Petersen, que junto a los 1.500 millones que debe devolver a la petrolera tiene pendiente de pago otros 1.000 millones con la banca, financiaría este crédito con los dividendos a repartir. Según acordaron, se distribuirían hasta un 90% de los beneficios de YPF.

Sin embargo, Áxel Kicillof, el viceministro de Economía argentino y nuevo responsable de la petrolera junto al ministro de Planificación, Julio de Vido, ya ha anunciado que el Gobierno, como nuevo dueño de YPF, suprimirá los dividendos. La medida deja en el aire cómo pagará el grupo Petersen el crédito a Repsol y a los bancos. Estaba previsto que empezase a abonar el principal de este préstamo en 2013. Aunque durante el mandato del difunto Néstor Kirchner, marido de la actual presidenta, las relaciones entre los Eskenazi y el Gobierno eran buenas, el vínculo se ha deteriorado en los últimos meses coincidiendo con la campaña de acoso a Repsol.

Brufau dejó entrever el martes que, ante la situación económica de Argentina y la imprevisión que rodea a las decisiones de su Gobierno, considera complicado que el grupo Petersen pueda convencer a los bancos para refinanciar estos créditos y añadió que, por lo que respecta a Repsol, está por ver cómo se solucionará el asunto.