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El retrato robot del evasor amnistiado

La 'clase media' de los ricos será la que más se acoja la regularización fiscal

El Gobierno prevé recaudar 2.500 millones con la amnistía fiscal.
El Gobierno prevé recaudar 2.500 millones con la amnistía fiscal. CORDON PRESS

La niebla se va disolviendo y poco a poco deja perfiles y contornos. Comienza a esbozarse el rostro de quienes son responsables de un fraude de 42.000 millones de euros, según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha). Más del 70% de todo el que se genera. A la vez, ellos son los grandes beneficiados de una amnistía fiscal que está teniendo una contestación tremenda en la sociedad. “Atenta contra la razón ética y técnica. Si quieres recaudar más, duplica la inspección”, critica Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE. Pero, ¿quiénes se ocultan detrás de ese pronombre de la tercera persona del plural, de ese insolidario “ellos”? ¿Cuál es el aspecto que tiene el fraude al que el Gobierno del PP acaba de dejar casi impune?

 Cierta lógica narra que son las grandes empresas y los contribuyentes con elevados patrimonios quienes van a repatriar capitales. Gestha avala esta idea y esa cifra inicial. Sin embargo, sería crear una imagen muy pixelada, a la que sin duda le falta definición. “Son principalmente familias con elevado poder adquisitivo que casi todo su patrimonio lo tienen a nombre de empresas. Además, la matriz suele estar radicada en territorios de baja tributación [antes se llamaban directamente paraísos fiscales, pero desde 2004 han adoptado ese eufemismo]”, revela María Dolores Baz, responsable de fiscalidad internacional de la auditora Rusell Bedford.

La materia (económica) oscura

La economía sumergida representa en España unos 250.000 millones de euros, casi el 25% de toda nuestra riqueza. En Alemania es el 10% y la media de la Unión Europea se fija en un 13%. Estos datos los aporta Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. En el caso español, si hablamos de recaudación, puede representar una pérdida de 75.000 millones, más de lo que recauda el IRPF.

Pero, ¿con qué fiabilidad se puede medir lo oculto? Es como la física cuántica, no se ve pero se sabe que ahí, en esa ecuación, tiene que estar esa cifra o esa partícula para que todo encaje. En este caso, la variable escondida la ocupa esa materia oscura económica. ¿Y cómo le afecta la amnistía? “Puede ayudar a un cierto descenso de este tipo de economía pero la verdad es que no creo que incida de forma decisiva”, aventura José María Lluis de Odriozola, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). “La economía sumergida no se combate con una amnistía sino con un plan de lucha contra el fraude”, advierte el responsable de fiscalidad de una gran consultora.

Eso sí, hay pocas dudas, como reflexiona Juan José Rubio, de que “la amnistía es un reconocimiento explícito de que la economía sumergida es un problema grave y estructural”. Y, además, histórico.

En 1991, Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía y Hacienda, trató de que aflorara el dinero negro mediante la suscripción de Deuda Pública a bajo interés y cautiva (no se podía vender) durante seis años (hasta el 28 de junio de 1997). Pues bien, antes que pagar las cantidades descubiertas con intereses y sanciones, unas 80.000 empresas y personas investigadas suscribieron deuda por valor de 4.500 millones de euros de la época. La medida tuvo cierta repercusión pero la economía sumergida siguió creciendo. De hecho, pasó del 19,9% del PIB en 1991 al 20,1% durante 1997. Más tarde, el boom de la construcción y la crisis aumentaron esa bolsa de fraude hasta representar el 23,3% de la riqueza del país en 2009.

Tampoco tuvo éxito el año pasado el plan aprobado por el Gobierno socialista de aflorar el empleo sumergido, ya que apenas se contabilizaron nuevas altas en la Seguridad Social. La economía sumergida semeja un gato al que no hay quien le ponga el cascabel.

Sin embargo, al ir levantándose la niebla algunos profesionales se han llevado una sorpresa. Quienes al parecer más han evadido es lo que podríamos llamar la clase media de los ricos. “Personas físicas, fundamentalmente, que tienen entre 300.000 y cinco millones de euros desviados”, apunta el responsable en Madrid de un banco privado suizo, que solicita no ser citado. Este retrato le parece muy real también a José María Lluis de Odriozola, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Odriozola, a su vez, aporta otros detalles al rostro. Además de las personas físicas con elevada capacidad económica y cuentas fuera del país “también puede haber empresas que hayan efectuado operaciones en el extranjero, y que, por ejemplo, han inflado gastos en el exterior para reducir el beneficio en España, o bien que hayan percibido comisiones”.

La realidad, por tanto, nos descubre que “se trata de dinero en metálico que puede estar oculto en cajas de seguridad de entidades bancarias o también depositado en entidades de territorios con los que no exista convenio de intercambio de información”, reflexiona Jesús Sanmartín Mariñas, presidente del REAF-CGCEE (consejo general de Colegios de Economistas de España). Y añade: “Son empresas y particulares que necesitan esos fondos para invertir en nuestro país o para satisfacer deudas, y siempre que no puedan probar que los bienes o derechos aflorados provienen de un periodo prescrito”.

Toda esta topografía del fraude no ocurre al pairo de lo tangible, tiene nombres y apellidos, o sea territorios desde donde —en la teoría— debería regresar el dinero español evadido. Liechtenstein (muy utilizado por entramados societarios que amparan patrimonio personal), Luxemburgo y Suiza (las cuentas pueden ser unos simples números para evitar cualquier identificación) son los principales espacios de la insolidaridad fiscal. Generalmente los defraudadores españoles prefieren esconder el dinero cerca de casa, pero con matices. “Andorra y Gibraltar siempre fueron destinos tradicionales de la evasión fiscal española. Sin embargo, tras los cambios en la ley antiblanqueo resulta mucho más complicado enviar dinero a estos territorios, lo cual no quiere decir que no acabe ahí”, advierte María Dolores Baz.

Aunque también hay otra geografía, muy poco conocida para la mayoría, pero que los expertos aseguran que usan muchas empresas y particulares de nuestro país. Son el Estado americano de Delaware (favorecido por una tributación muy baja), las Antillas Holandesas (Nueva Rumasa, de la familia Ruiz Mateos, ha mantenido una presencia activa en esta localización a través de Holanda), las Islas Turcas y Caicos o la isla Niue. Parajes idílicos en los que hasta 15.000 sociedades pueden estar domiciliadas en un edificio de diez plantas. Por ejemplo, Niue —situada en las antípodas— es un caso singular. Debido a su diferencia horaria hace imposible para la Hacienda española casi cualquier contacto directo con sus autoridades. En este ventajista mundo, hasta las manecillas del reloj se emplean para evadir.

Y, desde luego, todos estos movimientos precisan de instituciones financieras que los acojan y amparen. Las entidades que gestionan el dinero español en estos territorios son —acorde con Russell Bedford— sobre todo firmas de peso como Barclays, UBS, Citibank o HSBC.

Esta es la intrahistoria de una medida que pretende aflorar 25.000 millones de euros y recaudar entre 2.000 y 3.000 millones, una horquilla que ninguna de las fuentes consultadas para este reportaje piensa que se pueda lograr. “Esos números me parecen muy altos. Están sobrevalorados. El problema añadido es que afectan a la credibilidad de los Presupuestos Generales”, advierte Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. Dicho de otra forma: se cuenta con unos ingresos que no llegarán.

La historia, además, juega en contra de estas más que reprobables medidas fiscales. Entre 2001 y 2002 Italia lanzó una amnistía que recuperó 60.000 millones de euros, aunque la recaudación solo fue de 1.500 millones; Alemania impulsó un plan similar entre 1993 y 2002 —únicamente se lograron 980 millones— y en Bélgica, en 2004, apenas se legalizaron 200 millones de euros. El pasado, la ética y la eficacia juegan en contra de esta exoneración tributaria.