Los servicios sociales básicos sufren el mayor recorte en décadas

El presupuesto para la atención a la dependencia sufre un nuevo recorte, un 5,7% sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior, una cantidad que, traducida a cifras reales, supone 81 millones de euros menos. Pero a esos 1.326 millones en que se queda la atención a la dependencia, dice el Gobierno, han de sumársele 81 millones para gastos de funcionamiento y operaciones de capital, con lo que la cifra total sería de 1.407 millones. Pero hay que tener en cuenta que ya el viernes pasado se supo que caía entera la partida de 283 millones que el Gobierno repartía entre las comunidades autónomas para la gestión de esta ley. Por tanto, el recorte es inapelable.

El Gobierno señala en su proyecto de presupuestos que la financiación directa para las ayudas que reciben los dependientes (el llamado nivel mínimo) ha experimentado un incremento del 18,64% respecto al año anterior, pasando de 1.134 millones a 1.287. Y es cierto, pero esa cantidad solo puede ir en función del número de dependientes atendidos, como las pensiones a los pensionistas. Por tanto, habrá que incrementar incluso esa cantidad, si a lo largo del año se eleva la cifra de personas con derecho a una ayuda. Pero las cifras totales no dejan lugar a la duda, caen casi todas las partidas de servicios sociales y la de atención a la dependencia también. El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, entiende que con estas cuentas queda garantizada la atención a los dependientes. Y asegura que la partida suprimida no es algo a lo que obligue la ley.

El Plan Concertado, para financiar servicios sociales básicos de los Ayuntamientos, pasa de cerca de 90 millones de euros a alrededor de 50

Por otro lado, el Plan Concertado, con el que el Gobierno financia los servicios sociales básicos en los Ayuntamientos ha sufrido una tremenda caída, pasando de cerca de 86 millones de euros a alrededor de 50, por usar cifras redondas. No se conocía un recorte así desde su creación, en los ochenta. Nunca es una buena noticia, pero en tiempos de crisis, cuando los municipios están desbordados atendiendo a la población que más lo necesita, cobra tintes dramáticos. Al Plan Concertado ya se le suprimieron el año pasado 12 millones, que, en el periodo de enmiendas a los presupuestos la cifra se quedó en una rebaja de unos 9 millones. En total, la partida para Otros Servicios Sociales, donde queda recogido este Plan Concertado, así como otros capítulos para la inserción del pueblo gitano, el voluntariado social o la accesibilidad de los discapacitados se reduce 59 millones de euros.

“El malabarismo contable de reducir menos porcentaje en los créditos ampliables [nivel mínimo] de la dependencia encubre un recorte generalizado del 28% en el Plan Nacional Sobre Drogas, del 39% en personas mayores, del 19% en discapacidad, 21% en violencia de género, 42% en atención a la infancia y a las familias y sobre todo el 43% de recorte en prestaciones básicas de servicios sociales”, ha advertido el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. A su juicio, esto último, es decir, el recorte en las prestaciones básicas de servicios sociales, “supone según las previsiones oficiales el cierre de 582 centros de servicios sociales y el despido de 12.265 trabajadores, la reducción de usuarios directos en 3.244.336 (pasando de 6.724.016 a la atención presupuestada para 3.479.678) o la reducción de usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, que se queda en la mitad: de 817.554 a 423.084. La reducción a casi la mitad de usuarios en el capítulo de prevención e inserción social de 1.411.190 a 730.291, en alojamientos alternativos (de 160.449 a 83.032 usuarios)”, ha dicho Ramírez.

 “En una situación de crisis que afecta a cientos de miles de familias recortar en las prestaciones básicas de los servicios sociales y despedir trabajadores sociales además de absurdo e insensato, demuestra una insensibilidad mayúscula del actual Gobierno”, ha añadido Ramírez.

En las gráficas proporcionadas por el Gobierno, el peso de la dependencia en el total de los presupuestos para servicios sociales representaba en 2011 un 59,6%. En las cuentas de este año la atención a la dependencia representa un 66,4% y eso habiendo experimentado un recorte. Esto supone “el desmantelamiento de todo lo demás con tal de salvar la cara y que el recorte en dependencia no sea muy fuerte, que lo es”, ha dicho Ramírez.