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El PP endurece los plazos de la Ley de Estabilidad

El partido de Gobierno acorta los plazos para que las Administraciones presenten los planes de ajuste

Las enmiendas presentadas por el PP al articulado del proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirá ampliar los supuestos que dan lugar a la aplicación de medidas coercitivas por parte del Estado. Los populares también prevén reducir los plazos en los que las Administraciones públicas deberán aprobar los planes económico-financieros para corregir sus desajustes presupuestarios. Las enmiendas del PP pretenden así acortar el tiempo en los que se deberán redactar los informes de seguimiento y evaluación de los planes de ajuste.

Con la Ley de Estabilidad el Gobierno quiere limitar el déficit de comunidades y Ayuntamientos al mínimo. Para ello fija una serie de requisitos de información y establece un techo de deuda pública.

Las Administraciones dispondrán finalmente de dos meses —en vez de tres, como figuraba hasta ahora— para aprobar los planes económicos financieros, y los planes de reequilibrio que están obligadas a elaborar cuando incumplan con algunos de los límites que contiene la norma: déficit, deuda... Además, las instituciones afectadas deberán ejecutar los planes de ajuste en un máximo de tres meses, en lugar de cuatro. El objetivo consiste, según la enmienda del PP, en “acelerar la corrección” de los desajustes.

Un mes menos

También se acortan los plazos para aplicar las medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así, el Ministerio de Hacienda deberá elaborar informes trimestrales para evaluar las medidas de ajuste en lugar de cada seis meses como se recoge en el proyecto de ley. Además, las desviaciones que se prolonguen durante dos semestres darán lugar a medidas coercitivas. Estas pasan por la constitución de un fondo del 0,2% del PIB regional y podrán suponer, en último extremo, la intervención de la administración incumplidora.

En el caso de los Ayuntamientos, los informes de seguimiento serán semestrales en lugar de anuales. Asimismo, si no remiten a Hacienda los informes de seguimiento serán objeto de medidas sancionadoras.

Además, el PP propone ampliar ligeramente el supuesto de incumplimiento en el déficit estructural hasta el 0,4% del PIB en casos excepcionales para tratar de alcanzar un acuerdo con el PSOE, que rechaza apoyar la ley porque el año pasado acordaron que el límite de déficit sería del 0,4% como permite Bruselas.