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1.500 millones menos para fomentar el empleo

La decisión es difícilmente compatible con los objetivos enunciados en la reforma laboral

El recorte presupuestario se ceba con las políticas activas de empleo. Recortará en 1.500 millones una partida que en 2011 ascendió a unos 7.600 millones, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es decir, se reduce en casi un 20% el dinero para la formación de parados, la búsqueda de empleo para quien no lo tiene o la reducción de cotizaciones sociales para el empresario que contrate. Junto a esta medida, el Ejecutivo también ha recortado en 67 millones la dotación al Fondo de Integración de Inmigrantes, también dependiente de Empleo.

Habrá que esperar para saber en qué puntos concretos de las políticas activas se reducirá la inversión, pero, en todo caso, está claro que esta decisión camina en dirección opuesta a todas las recomendaciones de los organismos internacionales (FMI, OCDE, OIT). Según la opinión de estas instituciones, la mejor protección contra el desempleo no es la que paga sin más una prestación al parado, sino la que combina esta paga con la formación para el reciclaje y la búsqueda de un trabajo.

El gasto en protección contra desempleo ha sido la partida que más ha crecido durante la crisis. El presupuesto de los Servicios Públicos de Empleo ascendía en 2007 a poco más de 22.000 millones de euros; el año pasado, superó los 38.000. Este aumento se debe fundamentalmente al pago de las llamadas políticas pasivas (prestaciones y subsidios por desempleo), que hace cuatro años fue de casi 15.000 millones de euros, y en 2011 fue de 30.000. En el mismo periodo, el gasto en políticas activas ha menguado muy poco, de casi 8.000 millones a 7.600.

El tijeretazo anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el mayor que se ha dado hasta el momento a esta partida y además es difícilmente compatible con los objetivos que enuncia la reforma laboral. El decreto del pasado 10 de febrero aumenta las bonificaciones a la contratación y anuncia la creación de una cuenta de formación para los trabajadores durante toda su vida laboral. Esto, en principio, supone un aumento del gasto en políticas activas. En cambio, el Ejecutivo ha anunciado una rebaja del gasto en esta partida hasta poco más de 6.000 millones.