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OPINIÓN

Recortar y recaudar

Es de obligado cumplimiento que la reforma fiscal se haga a todos los niveles tanto de renta como de riqueza, y no solo en algunas

En muchos lugares, el problema de las cuentas públicas son los ingresos, no el déficit. El gasto público en España está por debajo de los porcentajes de la mayor parte de los países europeos más avanzados en relación con el producto interior bruto (PIB). Si la economía no crece y no se recauda, habrá que dar tajos hasta el infinito. Como declaraba el presidente de la exitosa Mercadona, Juan Roig, “no hay que recortar por recortar, lo que hay que eliminar son los derroches”.

 En una coyuntura tan complicada como esta, las necesidades para financiar el déficit, la deuda soberana, las pensiones, el seguro de desempleo y demás capítulos de la protección social crecen, al revés que la economía. A ello hay que añadir otras obligaciones comprometidas solemnemente como las de financiar la lucha contra la pobreza, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o un problema tan central para el devenir inmediato de la humanidad como es el cambio climático.

Ante ello hay un debate incipiente sobre una nueva generación de gravámenes que complemente a los clásicos, algunos de los cuales no tendrían la matriz nacional de los anteriores. Se discute sobre la tasa a las transacciones financieras que ya no tendría como objetivo principal (como pasaba con la tasa Tobin) combatir la volatilidad de los capitales golondrina, sino acumular recursos a favor de las víctimas de la globalización y de la Gran Recesión (que no siempre son exactamente las mismas). También una tasa para el rescate a los bancos en dificultades sin tener que volver a utilizar, de modo masivo, el dinero público. O a las centrales nucleares que amplían su periodo de vida útil, y que podría ser finalista en relación con el calentamiento de la atmósfera que producen los gases de efecto invernadero; o a los derivados alimentarios de forma que no sea tan fácil como ahora comprar o vender la cosecha de uno de esos productos (provocando abundancia o escasez, con el objeto de especular), desembolsando muy poco dinero. Aeropuertos y otras infraestructuras, el comercio electrónico, etcétera.

La cuestión es cómo generar ingresos públicos para financiar necesidades crecientes, si la economía no crece

Si se avanza en este debate sobre las necesidades de nuevos ingresos —dado el cansancio fiscal de las clases medias ante subidas de impuestos directos como la recién aprobada por el PP: ingresos a la sueca, Estado de bienestar a la española—, cualquier reforma fiscal debería tener al menos tres elementos: acabar con la economía sumergida y el fraude que genera desigualdad de oportunidades; corregir los efectos nocivos de las termitas fiscales que mediante un ejército de abogados aprovechan los intersticios del sistema (exenciones, exacciones...) y consiguen legalmente no pagar los gravámenes que les tocan, aunque utilizan el gasto público en su beneficio; y, sobre todo, una reforma fiscal progresiva en todas las fuentes de renta y riqueza y no solo en algunas. No progresiva solo en el interior del impuesto de la renta del trabajo, sino en relación con las del capital.