El ICO aportará 10.000 millones al plan de pago a proveedores

Uno de los retos que se fijó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al llegar al Gobierno fue el de destapar y liquidar las facturas pendientes de pago que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tenían aplazadas. Las Administraciones territoriales están aquejadas por un grave problema de liquidez y han retrasado el pago a sus proveedores meses e incluso años. Para atajar el problema, el titular de Hacienda creó una línea ICO para las comunidades y anunció que crearía otra para los Ayuntamientos. Pero estos créditos no están terminando de funcionar porque las condiciones, alto tipo de interés y corto plazo de amortización, no seducen a los presidentes autonómicos. De hecho, la línea ICO para los Ayuntamientos ni siquiera llegó a aprobarse.

Para solucionar el problema, el Gobierno logró pactar con los bancos su participación en un crédito sindicado de 35.000 millones, en el que participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con una aportación de 7.000 millones, ampliables hasta 10.000 millones. Además, el ICO tendrá un papel destacado en la operación pues será el encargado de recabar la información sobre las deudas de las administraciones. “No es de recibo que la administración de un país no pague sus deudas. Habrá que implementar los mecanismos para que esto no vuelva a producirse”, apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Economía. El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de un Fondo para la Financiación de Administraciones Territoriales que se encargará de canalizar el crédito, avalado por el Tesoro.

Un coste del 5%

Las Administraciones que se acojan a este mecanismo de financiación dispondrán de 10 años para devolver el préstamo, aunque tendrán dos años de carencia, durante el que solo pagarán intereses. La operación es compleja porque los bancos cobrarán el crédito en cinco años. Cuando se cumpla este periodo se producirá una operación de refinanciación por la que el fondo público asumirá la deuda pendiente y se convertirá en acreedor de las Administraciones que se hayan acogido a este mecanismo. El tipo de interés del préstamo será el que tengan estas operaciones para el Estado más un recargo de 115 puntos básicos, que deja el coste cerca del 5%.