Más riesgo de recesión por decreto

Riesgo a la baja. Así se traduce en la jerga de las previsiones económicas el impacto inicial de la reforma laboral. Es una manera de decir que los pronósticos, en los que ya solo se discrepa sobre la intensidad y amplitud de la recesión, pueden agravarse como consecuencia de la norma recién aprobada. Y es opinión mayoritaria entre la decena de expertos consultados, incluso entre los que reivindican la reforma para ganar productividad y facilitar la contratación a medio plazo. Los hay que también aprecian en el decreto contrapesos a los efectos depresivos sobre el crecimiento y el empleo. Muy pocos creen que, a bote pronto, la reforma sirva para mitigar la pérdida de puestos de trabajo, otra vez desbocada.

El Gobierno del PP lo ha apostado todo a 2012, a concentrar en los primeros meses de este año sus respuestas más contundentes contra una crisis que no cesa. La conjunción de medidas en varios frentes (laboral, financiero y presupuestario) tiene la vista puesta en el medio plazo, pero su digestión será muy pesada: menos crédito, menos gasto público y peores expectativas. Son efectos secundarios que se superponen a una recesión ya en marcha, lo que hace más difícil distinguir su potencia. Para los expertos, la incógnita es cómo incidirá la reforma laboral en el consumo, tanto o más que en despidos o contrataciones.

José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, es de los que piensan que la reforma es necesaria para mejorar la productividad de las empresas a medio plazo. Pero, también, que no es el momento para abaratar el coste del despido o facilitar la rebaja de condiciones laborales a empresas en crisis, ahora casi todas. “Antes pensabas que tenías un empleo estable, que era difícil despedirte, que si lo hacían tenían que indemnizarte con 42 meses de salario. Ahora, te pueden bajar el sueldo, o te pueden despedir pagándote solo 12 meses de salario si la cosa va mal”, sintetiza Díez, que rescata la teoría de la renta permanente del Nobel Milton Friedman para anticipar que, con esa perspectiva, mucha gente gastará menos. El consumo privado es el componente clave del PIB. Y si la actividad económica baja otro escalón, habrá menos empleo aún.

“Con esta reforma en plena recesión, el miedo a ser despedido se convierte en una variable determinante del consumo”, defiende Díez. “Y cuando hay miedo y poco crédito, no solo se consume menos, también cambia la composición del gasto, se puede resentir la compra de bienes duraderos, y entre ellos, de viviendas”.

La perspectiva inmobiliaria preocupa a Josep Oliver, catedrático de Economía. Pero por omisión. “En el decreto se olvida que muchos problemas laborales se deben al estallido de la burbuja inmobiliaria, no hay nada que haga referencia a cómo incentivar la recolocación de los que trabajaban en la construcción, hay un diagnóstico equivocado”, apunta Oliver, quien recuerda que “cerca del 70% de los 2,7 millones de empleos perdidos en la crisis corresponden, directa o indirectamente, al sector”. Al catedrático de la Autónoma de Barcelona le parece justificado el miedo a más despidos: “A corto plazo es posible que haya empresas que vean la reforma como una oportunidad de reducir plantilla con menos coste”.

“El miedo al despido determina ahora el consumo”, señala Díez, de Intermoney

La fundación Fedea, en cuyo patronato figuran entidades financieras y el Banco de España, ha promovido un debate sobre cómo limitar el exceso de empleos temporales, del que derivó la propuesta de un contrato único con un coste de indemnización creciente. La propuesta no ha tenido eco en el decreto del Gobierno y los investigadores de Fedea, que respaldan el abaratamiento del coste del despido, coinciden en que la reforma tendrá poca incidencia en prevenir la temporalidad o en mejorar las oportunidades de los parados. Pero discrepan sobre si el efecto a corto plazo será menos empleo o menos salario.

“Confío en que las medidas que se adopten vayan por la reducción de la jornada y de salarios, que se pare la horrorosa sangría del empleo que estamos sufriendo”, apunta Luis Garicano, de la London School of Economics. “La amenaza más creíble del despido puede inducir a una mayor flexibilidad frenando la destrucción de empleo”, insiste Florentino Felgueroso, de la Universidad de Oviedo, aunque con matices: “El abaratamiento del despido, si bien necesario para el largo plazo, debía haberse hecho en época de bonanza”. Una idea que Samuel Bentolila, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, explota en el blog de Fedea: “En la actual coyuntura, con gran incertidumbre, escaso crédito a las empresas y perspectivas de decrecimiento, la reducción de los costes de despido traerá más despidos, con consecuencias sociales negativas. Es pobre consuelo pensar que en la próxima expansión el empleo indefinido crecerá más que sin ella”. Pese a considerarla “inoportuna”, Bentolila da la bienvenida al decreto “en una perspectiva de medio plazo”. Y acota: “Las reformas estructurales se hacen cuando son políticamente viables”.

El decreto extiende al personal laboral del sector público las condiciones para facilitar el despido o rebajar condiciones en caso de que los ingresos no basten para cubrir los gastos presupuestados. “Puede acabar siendo una de las partes más importantes de la reforma, en los tiempos del boom inmobiliario se tomaron por permanentes ingresos públicos que eran transitorios y se aumentó la plantilla en Ayuntamientos y comunidades de forma insostenible”, señala Manuel Balmaseda, economista jefe de la multinacional Cemex.

Los investigadores de Fedea discrepan sobre el efecto en el empleo

“La reforma facilita hacer ERE o rebajar salarios en el sector público, pero no se le puede echar la culpa del ajuste pendiente en la Administración territorial”, añade Sara Baliña, de Analistas Financieros Internacionales. Baliña recalca que las reformas suelen tener un efecto limitado en el empleo. “El decreto puede desencadenar efectos opuestos, que se compensen, es muy arriesgado anticipar un pronóstico”, añade. Con esa tesis se alinea Ángel Laborda, director del gabinete de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), quien cree que el efecto en el consumo de las familias es menor si sobre lo que se centra la incertidumbre es sobre los salarios. “Y la reforma puede ayudar a que el ajuste se haga con moderación salarial, y no tanto con despidos, como hasta ahora”, afirma.

Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la patronal, respalda la idea del Gobierno de que la reforma laboral era necesaria para ganarse la confianza de los inversores, aunque el decreto apenas ha cotizado en los mercados. “Pero más financiación no vamos a tener durante bastante tiempo”, advierte. Trigo tampoco vaticina un efecto mayor en el consumo. “Todo el mundo se estaba apretando el cinturón antes de la reforma”, puntualiza.

El gasto de las familias ya retrocedió un 1% en el cuarto trimestre de 2011, una caída que evoca el descalabro de 2009. El Gobierno da por hecho que habrá recesión, y más paro, este año. Que la recuperación se afianzará al torcer la esquina de 2013. Como ha ocurrido antes en esta crisis, los mercados financieros y las instituciones de la zona euro pueden hacer descarrilar cualquier vaticinio. Pero esta vez también pesarán en la balanza los efectos secundarios de concentrar ahora todas las reformas, del envite del Ejecutivo del PP.