Cualquier multa del Gobierno a Spanair quedará en papel mojado

El Gobierno puede imponer una multa de hasta nueve millones a Spanair por el cese abrupto de las operaciones de la aerolínea el pasado viernes, que de golpe y porrazo dejó varados a más de 20.000 pasajeros solo el primer fin de semana, pero es más que improbable que las arcas públicas ingresen cantidad alguna, porque la compañía ha solicitado ya el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) y las sanciones, según la ley, quedan en la cola de las deudas a pagar. La ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha abierto un expediente sancionador contra Spanair, se lamentaba de que tuvo que llamar personalmente a los responsables de la aerolínea para saber qué estaba pasando ese viernes pasado plagado de rumores.

Aunque la empresa ha podido cometer dos infracciones “muy graves”, multadas con hasta 4,5 millones cada una, la sanción quedará en poca cosa. La ley concursal, que regula las suspensiones de pagos, establece el orden de prioridades entre los acreedores a la hora de cobrar deudas y el artículo 92 de esta norma establece que “los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias” forman parte de los “subordinados”, es decir, que quedan por detrás de los compromisos “privilegiados” (como aquellos contraídos con la Seguridad Social, los trabajadores o préstamos hipotecarios con la banca) y “ordinarios” (proveedores de bienes y servicios o los pasajeros).

Spanair ha instado el concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones y en 2010, los activos apenas superaban los 100 millones, con lo que la mayor parte de deuda quedará impagada. Fuentes judiciales explicaron ayer que esos activos hoy son mucho menores, y que los fondos con los que cuenta la compañía apenas permiten cubrir las indemnizaciones por despido.

Esto significa que tampoco el Gobierno catalán podrá recuperar ni un solo euro de los 140 millones que ha puesto entre inversiones y préstamos. Ello se debe a que, según la ley concursal, los créditos que hayan puesto los accionistas que tengan más del 10% de las participaciones pasarán a considerarse también crédito subordinado. Y la participación de la Generalitat, a través de dos sociedades mixtas y varias empresas públicas, es superior. El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder, cifró ayer en la emisora Rac1 la participación del Ejecutivo catalán en la aerolínea en el 24%. Recoder, además, admitió que, como el resto de inversores, la Generalitat tiene “pocas expectativas” de recuperar lo invertido.

Fuentes judiciales explicaron que los créditos de la Generalitat, pues, pasarían en el último escalón de todos a la hora de la liquidación de la compañía y recordaron que, de media, los concursos solo llegan a cubrir el 20% de los créditos ordinarios. Y en este caso, la compañía no tiene suficientes activos para atender la mayoría de sus deudas puesto que su flota de aviones era en régimen de leasing.

Según fuentes cercanas a la empresa, del pasivo concursal —que no incluye las multas e indemnizaciones— de 474 millones, 260 millones corresponden a los préstamos de los accionistas. De estos, 168 millones se adeudan al grupo escandinavo SAS, el antiguo propietario de la aerolínea y el resto de la deuda corresponde a fondos que inyectaron sobre todo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona a través de tres sociedades mixtas.