Un juez argentino ordena registrar la sede del fondo de pensiones controlado por el BBVA

El Gobierno de Argentina ha salido este miércoles a garantizar seguridad jurídica a directivos de YPF y Telefónica, ambas de capital español, después del anuncio de un proyecto para nacionalizar los fondos de pensión privados y trasladar los fondos de las actuales empresas al sistema estatal. "En Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF", ha dicho el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido tras visitar la sede central de la petrolera hispano-argentina en Buenos Aires.

Pocas horas después de estas afirmaciones se ha sabido que el juez federal encargado del tema, Claudio Bonadio, ha ordenado realizar 10 allanamientos en la sede de distintas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), entre ellas, Consolidar, del grupo español BBVA. El juez actúa a instancias del fiscal Miguel Angel Osorio para investigar si las empresas denunciadas han efectuado maniobras fraudulentas para liquidar sus activos en cuanto supieron del cambio previsto del Gobierno. Entre las empresas afectadas por la medida del juez figuran también Origenes, controlada por el grupo holandés ING; Met, propiedad de la compañía estadounidense Met Life y Máxima, filial del banco británico HSBC.

La decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha causado turbulencias en los mercados. El índice español, el Ibex 35, ha sufrido la segunda peor caída del año, superior al 8%, por la incertidumbre creada por esa decisión, debido al peso que las inversiones en Argentina tienen muchas empresas españolas.

Peor han ido las cosas en el parqué argentino. El índice Merval ha caído un 10,11% perdiendo la barrera de los 10.000 puntos en otra jornada negra en la que llegó a perder un 17,72%, una bajada que se suma al desplome del 11% registrado la jornada anterior, antes de que se hiciera oficialmente el anuncio, concretado horas más tarde por la presidenta Fernández, quien este miércoles envió el proyecto para su discusión en el Congreso, donde se espera un arduo debate. Las bajadas alcanzaron a 45 empresas y también a los títulos públicos que registraron caídas de un 10% de media. Los mayores descensos se registraban en las acciones de Telecom, con casi 35%, Banco Macro, con un 28%, y Edenor, con una pérdida de 24,7%. Las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones son las principales inversoras en la bolsa, ya que se carteras está formadas por títulos públicos, acciones y plazos fijos. La entidad que las agrupa anunció que estudia acciones para resistir la medida.

Mientras, el riesgo-país (el diferencial entre los bonos argentinos y los de EE UU) también castiga la nacionalización de las pensiones argentinas, con una subida del 20%. El índice que elabora la entidad bancaria JP Morgan en base a la diferencia de la tasa entre bonos argentinos con su similar de Estados Unidos, subía en el inicio del mercado 102 puntos básicos con respecto al cierre del martes, hasta las 1.720 unidades. Ya ayer, el Merval recibió con disgusto el anuncio de la nacionalización, con una caída del 10,99%.

Revolución política

Desde el punto de vista político, la decisión de Cristina Fernández ha provocado una auténtica revolución. El grupo Radical, que inicialmente se habia declarado favorable, al plan, rectificó ayer. Su portavoz, Oscar Aguad, aseguró que el proyecto de ley, tal y como se conoce en estos momentos, es "un auténtico disparate". La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, advirtió sobre el hecho de que el año próximo se celebrarán elecciones legislativas por lo que los Kirchner, la presidenta y su esposo, el ex presidente Nestor Kirchner, necesitan "dinero líquido" con el que hacer frente a compromisos electorales. Por último, Hermes Binner, el unico gobernador socialista de Argentina (en Santa Fé) se mostró favorable al sistema estatal obligatorio pero exigió que se declare la "intangibilidad" de los fondos de la ANSeS, a fin de que Kirchner no pueda "usar la caja".

El vicepresidente Julio Cobos dio su apoyo al proyecto, "siempre que se garantice un triple cinturón de seguridad y se independice a ANSES", un organismo que suele "prestar" sus fondos al gobierno, según las necesidades. Cobos se negó en su día a apoyar a Cristina Fernández en su pelea con el campo, la frustrada batalla que la presidenta dio en julio pasado para conseguir fondos "extra" aumentando los impuestos a las exportaciones de soja y que dio origen a una auténtica revuelta. fin

Defensa de los jubilados

La medida anunciada ayer por Kirchner ha provocado una enorme confusión y temor en la sociedad argentina. La presidenta aseguró que pretende proteger a los pensionistas "privados", puesto que las empresas han sufrido serias pérdidas por culpa de la crisis financiera internacional. "Cuando hay perdidas, aparece el Estado", aseguró, al tiempo que relacionaba su plan con las medidas adoptadas por otros gobiernos para acudir en apoyo de empresas en riesgo. "Nosotros hemos acudido en socorro de nuestros jubilados", explicó. Se acaba una época, mantuvo, ésta es una decisión estratégica. El sistema privado era un "despojo", dijo.

Sin embargo, muchos argentinos temen que el gobierno se esté limitando a apropiarse del dinero de esos fondos de jubilación para hacer frente al pago de la deuda y otros gastos corrientes. Desde hace semanas, se analizan las dificultaddes de financiación del Gobierno de la presidenta Kirchner, por culpa de la bajada del precio de la soja y del petróleo, es decir, de dos de los principales capítulos por los que el Gobierno argentino ingresa impuestos.

El sistema de jubilación privada, vigente desde 1994, cuenta con 9,5 millones de afiliados. Este régimen fue instaurado durante la presidencia del peronista Carlos Menem, cuando los trabajadores comenzaron a poder elegir entre el sistema estatal o el sistema privado, sin posibilidad de cambiar posteriormente de opción, hasta el año pasado, cuando se decidió que los que hubiesen preferido el régimen privado pudiesen volver al estatal.Unos cinco millones de argentinos cobran su jubilación a través del sistema estatal de reparto, el cual se nutre de las aportaciones de otros cinco millones de trabajadores.

El Gobierno argentino nacionaliza el sistema de pensiones