Los municipios endeudados no podrán acceder a ayudas para iniciar obras
La Generalitat quiere atar corto a los Ayuntamientos sobreendeudados. El Gobierno catalán anunció que los municipios que no tengan las cuentas saneadas y que arrastren un grado de endeudamiento superior al 75% -el máximo marcado por ley- no podrán acceder a las subvenciones del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat (PUOSC) para financiar nuevas obras.
El Departamento de Gobernación prepara una reforma del PUOSC, que cuenta con una dotación de 575 millones para el periodo 2008-2012, con vistas a la nueva convocatoria 2013-2016. El nuevo programa también permitirá que los Ayuntamientos utilicen las subvenciones al mantenimiento de los edificios ya construidos. En estos gastos no se incluirán las facturas de agua, luz y calefacción, ni tampoco las nóminas del personal. El PUOSC también servirá como instrumento de crédito y los municipios podrán destinar estas ayudas a pagar deudas generadas por obras anteriores.
La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, que ayer defendió en el Parlament los presupuestos del Departamento de Gobernación -que ascienden a 317 millones, 27 menos que el año pasado-, anunció que pagará antes de final de este mes los 69 millones que se deben a los municipios, precisamente, por pagos pendientes del PUOSC de años anteriores. Estos 69 millones se descontarán de la deuda total de 753 millones que la Generalitat debe a los municipios y que Ortega declinó concretar cuándo se pagarán.
Más dinero a la religión
El presupuesto de Gobernación prevé recortes en casi todos los ámbitos, excepto en la partida destinada a asuntos religiosos, que aumenta el 4% hasta los dos millones. Ortega anunció nuevas ayudas a los municipios destinados a "la gestión de la diversidad religiosa". ERC pidió explicaciones sobre este aumento presupuestario, pero no obtuvo respuesta de la vicepresidenta.
La oposición también puso sobre la mesa otras polémicas que estudia el departamento. ICV reprochó a Ortega que haya tenido casi paralizado el Memorial Democrático, un ente que el PP pide suprimir. Desde Ciutadans reclamaron una reforma "seria" de la Administración, que pase por la disminución del número de municipios y por la supresión de los consejos comarcales.
Ayer acabaron las comisiones departamentales, iniciadas el lunes, en que la alianza entre CiU y PP ha permitido dar luz verde a los presupuestos.
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