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Sáenz de Santamaría, antes de comenzar la rueda de prensa / CLAUDIO ÁLVAREZ
El Gobierno asegura que la situación es "excepcional" y que, por eso, ha tenido que tomar decisiones "excepcionales", "más duras" y hasta "impopulares", pero no está previsto que Mariano Rajoy acuda al Parlamento a dar explicaciones hasta el mes de febrero.
La respuesta de la Generalitat de Cataluña al anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Gobierno español prepara una ley para controlar los presupuestos de las comunidades autónomas ha sido contundente: "Es inadmisible e inaceptable"; "no tiene ni pies ni cabeza", advirtió ayer Francesc Homs.
La Comunidad Valenciana, que lleva muchos meses sufriendo los efectos de una crisis que ya se salda con 535.000 parados, cerró ayer finalmente una época caracterizada por el despilfarro y una imagen de esplendor y se aplicó a recortar en 1.000 millones sus presupuestos y a la subida de impuestos.
Está por probarse judicialmente si las empresas de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres inflaron o falsearon facturas o cometieron tráfico de influencias. Pero el Ministerio de Hacienda tiene acreditado desde hace años, que el Instituto Nóos, bajo el ribete de "sin ánimo de lucro", volcó más del 90% de sus pagos.
El perito-testigo que declaró ayer en el juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, aseguró que la mayoría de las facturas alteradas y documentos de pago de Forever Young atribuidos por las acusaciones a prendas de vestir para Francisco Camps y Ricardo Costa corresponden a "ventas reales" abonadas por la trama Gürtel.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, está demostrando que tiene manos libres para dirigir el departamento según su propio criterio. Y eso no solo se refleja en los primeros nombramientos de altos cargos.
Las asociaciones de gitanos y senegaleses de Cataluña escenificaron ayer su rechazo a la violencia y su apuesta por la convivencia tras el asesinato a tiros, el pasado martes, de Ibrahima Dyey. Las entidades coincidieron al exigir justicia y negaron que haya problemas entre los dos colectivos.
En su discurso de investidura, Alberto Ruiz-Gallardón (que por entonces reiteraba no tener "otra cosa en la cabeza" que ser alcalde de Madrid) desveló en junio como la primera de sus intenciones "revisar", "racionalizar" y "reducir" la estructura y el número de cargos de confianza del Ayuntamiento.
Más de 5.000 profesionales de la sanidad madrileña se concentraron ayer ante numerosos hospitales y centros de salud de la región, según estimaciones de los sindicatos convocantes de la protesta, CC OO, Satse, Amyts, Csit, UGT y USAE, contra los recortes que entraron en vigor el 1 de enero.
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