Recortes en el espacio público

¿Responde la reducción de 200 millones de euros a RTVE a cuestiones "contables" derivadas de la política de austeridad, u obedece más bien a razones políticas? Supongamos que es lo primero. En ese caso la pregunta que tenemos que hacernos es si está justificado proceder a tal hachazo poniendo en peligro el funcionamiento efectivo de un servicio público que en los últimos años ha llevado a cabo una tarea impecable. Las medidas de Zapatero destinadas a liberar al ente de su ya conocida propensión a favorecer al gobierno de turno y dotarle de una independencia política envidiable son seguramente de lo mejor que hizo el ya ex presidente. Ahogarlo ahora económicamente equivale en la práctica a dejar la reforma en papel mojado. Es obvio que la radio y televisión públicas deben verse afectadas también por algún tipo de recorte, pero no en una cuantía que obliga a replantearse todo el modelo.

La rebaja de 200 millones a RTVE puede buscar adocenarnos y amputar el sentido crítico de la gente

En un contexto, además, en el que el resto de los medios públicos pecan de descarado partidismo, como ocurre en casi todas las televisiones autonómicas, y/o de un obsoleto parroquialismo, donde todo se enjuicia en función del terruño (recomiendo que vean programas inefables como Asturianos o Castellano-manchegos por el mundo). RTVE es el único espacio de titularidad pública en el que de verdad podemos encontrarnos como país y debatir, desde nuestra pluralidad, la política común. Sin una televisión estatal libre de hipotecas políticas sectarias el enfoque sobre lo que nos une se torna en el clásico "y eso que se ha decidido en Madrid cómo nos afecta a nosotros". Si cambiamos Madrid por Bruselas, ¿no era esto lo que siempre hemos echado de menos en la UE, la ausencia de un espacio público común en vez de tantos cuantos Estados la integran?

Otro dato del contexto. El recorte de RTVE coincide en el tiempo con la suspensión de pagos del diario Público, que saca a la luz los grandes apuros económicos por los que está pasando casi toda la prensa escrita. Aquí, en las dificultades de la prensa, las causas no solo tienen que ver con la crisis económica; derivan también de su necesaria adaptación a las nuevas tecnologías de comunicación. Pero el problema revierte sobre la misma herida, la debilidad -en algunos casos la asfixia- económica de las instancias encargadas de reflejar críticamente la realidad política y social, de promover la transparencia de lo político, y de instituir el referente deliberativo imprescindible a partir del cual los ciudadanos construimos nuestro juicio político. Que se amortigüen los medios de comunicación libres y plurales, amenazados ahora por la necesidad de subordinarse a los nuevos poderes económicos que los sustentan, es un lujo que como sociedad democrática no nos podemos permitir. Una cosa es que seamos más pobres, pero otra distinta es que se nos empuje también a ser menos democráticos.

Por todo lo anterior, o bien el Gobierno ha aplicado esta poda de RTVE por mera insensatez o ignorancia, como con los recortes a la ciencia, o hay algo más detrás. De ahí que inmediatamente tengamos que pasar a la segunda parte de la pregunta inicial y suscitar la famosa cuestión del qui prodest, ¿a quién beneficia? Obviamente, y en primer lugar, a las televisiones generalistas, las más despolitizadas y también las más propensas a reducir la realidad a mero entretenimiento, donde todo lo serio se desvanece en el aire del fomento de la distracción y la banalización. A esto no habría nada que objetar si pudieran competir también con otras cuya oferta está guiada por consideraciones de servicio público, donde el destinatario principal sea el ciudadano y no la persona privada que -legítimamente, claro- desea "desconectar"; donde aquello que se estimule sea la reflexión conjunta sobre lo que nos es común y tengamos la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de formación. ¿Es eso lo que se busca, adocenarnos y amputarnos el sentido crítico?

En segundo lugar están las televisiones autonómicas. Fuera de las Comunidades con lengua propia, y en una situación de crisis como la actual, no se entiende su pervivencia si no es como instrumento al servicio de la clase política autonómica dominante. No solo como reflejo, en positivo, de su gestión, sino también como fuente de prácticas clientelares. En ellas hay, desde luego, también profesionales de primera fila que merecen todos nuestros respetos y no quisiera subestimarles en absoluto. A donde quiero llegar es a que se planteen la ya última pregunta: ¿cuántas de ellas están en manos del mismo partido del Gobierno de los recortes a RTVE?