Sangría sin freno

La violenta destrucción de empleo es sin duda el principal problema económico y social de España. Tras un primer semestre en que se había contenido la pérdida de puestos de trabajo, la segunda mitad de 2011 ha dejado un balance demoledor. El año pasado se perdieron 355.060 cotizantes a la Seguridad Social. Se trata del cuarto año consecutivo de pérdida masiva de empleos, un plazo en el que han dejado de cotizar 2,1 millones de personas. Eso ha provocado que la Seguridad Social entre en déficit por primera vez desde 1999.

La última reforma laboral se ha mostrado ineficiente para reducir la segmentación del mercado de trabajo y las figuras para incentivar la contratación indefinida no han cuajado, mientras que la temporalidad sigue siendo la norma. La rigidez de la negociación colectiva y del marco laboreal general, además, ha provocado que el ajuste ante la caída de la demanda se haya producido casi en su totalidad mediante la destrucción de empleo y no a través de salarios, reducciones de jornada o modificación de otras condiciones de trabajo.

Resulta perentorio hacer frente a esos problemas y los empresarios reclaman con urgencia una reforma laboral. Pero aunque en España haya un problema de normas laborales, lo hay también de estructura productiva, de dimensión empresarial y de sequía de crédito. Más de la mitad del empleo perdido a lo largo de la crisis se ha concentrado en el sector de la construcción. Incluso en el último año, de los 355.000 cotizantes perdidos, 226.000 pertenecen al sector de la construcción, pues a la crisis inmobiliaria se ha sumado ahora el parón de la obra pública. En ese sentido, las medidas del Gobierno en favor de la construcción y en contra de la inversión en I+D tal vez den algo de respiración asistida al sector del ladrillo, pero van en contra de un modelo más sólido de crecimiento. Por otro lado, la mortalidad empresarial ha sido mucho mayor entre las pequeñas y medianas empresas, más dependiente de unos grifos del crédito cada vez más cerrados. La clarificación de los planes del nuevo Gobierno en materia financiera también es urgente.

La reforma laboral no va a ser suficiente para frenar la pérdida de empleos en el año que comienza. Por contra, los recortes de gasto y la disminución de la renta disponible por la subida de impuestos sí que van a agravar la recesión económica, de modo que la menor actividad se va a traducir en un agravamiento del problema del paro.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha advertido de que una destrucción de empleo como la vivida en los últimos años pone en cuestión la sostenibilidad del Estado de bienestar. Tiene razón. Por ello, lo que se echa en falta por ahora en el nuevo Gobierno es una indicación de qué piensa hacer para poner freno a esa sangría. De momento ha optado por la política de recortes de urgencia, cuya necesidad nadie con sensatez puede negar, pero sin que se vea por ninguna parte ese plan general que Mariano Rajoy decía que hacía falta cuando estaba en la oposición.