La justicia obliga a Aguirre a asumir de nuevo el desarrollo de La Carpetania

La Comunidad de Madrid ha recibido un varapalo judicial por desentenderse en 2009 del desarrollo urbanístico del polígono de La Carpetania (Getafe). El Gobierno regional (PP) creó junto al Ayuntamiento de ese municipio, entonces presidido por el socialista Pedro Castro, un consorcio para supervisar el desarrollo industrial. Tas acometer juntos la primera fase, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre optó por devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.

La decisión era un regalo envenenado, porque implicaba que el Consistorio tenía que asumir el coste de las expropiaciones previstas: unos 480 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado ahora el acuerdo del Gobierno autonómico por el que se devolvieron las competencias.

Las expropiaciones requieren un desembolso de 480 millones de euros

Aguirre consideró en su momento que el precio por desarrollar La Carpetania era muy alto. En el Ayuntamiento admitieron que el sistema de expropiación era más costoso, pero también más rápido y eficaz para conseguir los terrenos y poner en marcha cuanto antes el polígono industrial. El proyecto podía generar 25.000 empleos y atraer una inversión de cerca de 1.000 millones de euros. Además, serviría como polo de atracción para otras empresas tecnológicas.

Al bloquearse el desarrollo, el gigante aeronáutico EADS-CASA amenazó con retirarse de Getafe y "estudiar otras posibilidades".

El detonante que trabó el proceso fue el precio de la expropiación, pero en Getafe también ven motivos políticos detrás. Creen que Aguirre ha ahogado a la ciudad para doblegar al exalcalde.

[La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, aduce en cambio que las complicaciones judiciales elevaron el coste de la expropiación hasta el punto de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento decidieron "por unanimidad" cambiar el sistema y optar uno de compensación o cooperación. Según su versión, el Consistorio se volvió atrás tres meses después y llevó ante la justicia esa modificación, recurso que el TSJM rechazó en otra sentencia del 8 de noviembre.

El Gobierno regional ya había decidido que, dado que no se iban a realizar expropiaciones, devolvía al Ayuntamiento todas las competencias urbanísticas. Esa decisión, de abril de 2009, también fue llevada ante la justicia por el exalcalde. Y el pasado 10 de noviembre, el TSJM le dio la razón, declarando nulo el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo.

Mariño asegura que el Gobierno regional recurrirá, aduciendo que el tribunal tumba el acuerdo por un defecto de forma: la Comunidad debería haber optado por otra vía administrativa para devolver las competencias.]

El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, por su parte, se muestra satisfecho con esta última sentencia. "El proyecto supone más de 25.000 empleos para la región, de los que cerca de 6.000 serán ingenieros", señaló ayer. Por ello, pidió a la Comunidad de Madrid que se olvide de cuestiones políticas y haga lo necesario para acelerar el polígono industrial.

Uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento de Getafe era que no lograba conseguir el dinero para pagar su parte de la expropiación. Hace seis meses consiguió que el ICO aprobara un crédito de 200 millones. Castro considera que "el retraso del parque de La Carpetania pone de manifiesto la desidia de una presidenta regional que no entiende que crear empleo es una de las competencias que tiene la Comunidad. En los ocho años que lleva en el Gobierno ha sido incapaz de reunirse con los agentes sociales para hacer un plan con el que crear empleo". Y concluye: "La percha sobre la que debería colgar dicho plan es La Carpetania".

[Según Mariño, el actual alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), no ha transmitido a la Comunidad su opinión sobre el asunto.]