Los sindicatos llevarán a los jueces el ajuste

Los sindicatos que participan en la mesa general de negociación de la función pública (CC OO, UGT e IAC), en la que se están discutiendo los recortes de 625 millones propuestos por la Generalitat, aseguraron ayer que están dispuestos a emprender medidas jurídicas contra el retraso de parte de la paga extra de Navidad que anunció el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. "Si el Gobierno no paga, tenemos a los servicios jurídicos para hacer las denuncias y recursos que hagan falta contra el impago", señaló Josefina Pujol, coordinadora de Función Pública de CC OO de Cataluña. "Haremos todo lo que sea necesario, tanto jurídicamente como con movilizaciones", añadió el portavoz de IAC, Luis Blanco. Los sindicatos catalanes han tratado de frenar desde principios de diciembre la nueva tanda de recortes en empleo público prevista por la Generalitat, de 625 millones. Han celebrado seis reuniones con la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Pifarré, como interlocutora. En la reunión de ayer, el Ejecutivo propuso que tanto los trabajadores interinos como los funcionarios puedan acogerse a reducciones de horario y sueldo. Pero los representantes de los trabajadores no debatieron la propuesta. Sabían, por los medios de comunicación, que el Gobierno preparaba medidas relacionadas con su salario y estaba a punto de anunciarlas a sus espaldas.

Los representantes de CC OO, UGT e IAC estuvieron ayer solo una hora sentados en la mesa de negociación de la función pública. Lo justo para escuchar (pero no debatir) que la Generalitat propone "incentivar" que los funcionarios se acojan a reducciones de jornada (y por tanto sueldo) aunque no puedan alegar motivos familiares para hacerlo (niños o ancianos a su cargo, por ejemplo). Ayer lo que preocupaba a los sindicatos era el anuncio que el consejero Mas-Colell pensaba hacer en la Generalitat. Así que entregaron a la secretaria de Ffunción Pública, Pilar Pifarré, un documento con sus propuestas para evitar despidos y aun así adelgazar el coste de la plantilla pública, y se marcharon.

La batería de medidas sindicales incluye 19 ideas que van desde restituir el impuesto de sucesiones a poner un tope a los salarios de altos cargos de 5.000 euros mensuales. También desarrollan algunas de las reivindicaciones que llevan días repitiendo, como la necesidad de limitar los cargos externos y de confianza, poner límite al cobro de dietas y limitar la realización de horas extraordinarias a lo estrictamente imprescindible.

Después de entregar el documento, los representantes de las tres agrupaciones de trabajadores dejaron la sala de reuniones de Gobernación y se marcharon al Palau de la Generalitat. "Pifarré nos ha dicho que no sabía nada de lo que se iba a anunciar. Hemos decidido trasladar la mesa al lugar donde se está hablando de recortes", explicaba un miembro de CC OO. En la plaza de Sant Jaume, el consejero de Economía estaba a punto de dar una rueda de prensa en la que anunciaría retrasos en el pago de la extra de Navidad, sin haberlo comunicado antes a los agentes sociales.

Los sindicatos trataron de acceder a la sala de prensa del Palau de la Generalitat por la puerta principal y, tras fracasar, llevaron a cabo una sentada como medida de protesta en el acceso para empleados y prensa. En ningún momento impidieron el paso y la protesta fue pacífica, aunque sí invitaron a gritos a la vicepresidenta, Joana Ortega, a bajar a hablar con ellos. Lluís Blanco, de IAC, denunció el "desprecio" con que a, su juicio, les trata el Gobierno, que mientras negocia con ellos "en una mesa oficial" anuncia recortes decididos "de forma unilateral". Blanco señaló que, con medidas como la anunciada ayer, la Generalitat pretende "meter miedo" a los más de 203.000 funcionarios y empleados públicos a los que afectarán.

Pese a que aseguran sentirse despreciados, los sindicatos no dan por rotas las negociaciones de la mesa de función pública. La Generalitat tampoco, y les ha convocado hoy a las once de lamañana para debatir los recortes. Pero fuentes sindicales aseguran que saben que tendrán poco que hacer. Son pesimistas y creen que la Generalitat ya ha decidido los recortes que piensa hacer y no está dispuesta a ceder nada más allá de lo que ya tenía pensado retirar.