El fiscal pide cárcel para la constructora Thais de Picaza por fraude

Tras sucesivas dilaciones en el proceso, el Juzgado número 3 de lo Penal de Pontevedra ha fijado para el 2 de febrero el juicio contra Thais de Picaza, viuda del constructor José Malvar, acusada de fraude fiscal y falsedad documental en la venta de la empresa. El fiscal de delitos económicos ha solicitado para ella sendas condenas de dos años de prisión y multas de 1,7 millones de euros, así como 200 días de privación de libertad en caso de impago y la prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales o de de la Seguridad Social durante cuatro años.

Las empresas José Malvar Construcciones, SA y Maquinaria de Pontevedra, SL formaron con otras el Grupo Malvar, uno de las más potentes que operaron en Galicia en la década de los setenta y ochenta. Según la investigación abierta en 2004 por la Agencia Tributaria y coordinada por el juzgado número 2 de Marín, estas firmas sufrieron problemas económicos a raíz del fallecimiento en 1992 del fundador, José Malvar Figueroa, cuando quedaron bajo el control de su última esposa y acusada en este proceso, Thais de Picaza Mejías.Ante las dificultades económicas del grupo Malvar, su viuda inició contactos con la empresa Obrascom Huarte Lain (OHL) para negociar la venta de la empresa. OHL exigió a Picaza, al menos, la parcial capitalización de José Malvar Construcciones, sociedad a la que se le debían vender determinados inmuebles por importe de 1,3 millones de euros. La venta se realiza a través de San Cucufato, SL, una sociedad de carácter meramente patrimonial constituida en 1994 y cuyo objeto social era la "adquisición, tenencia, administración, explotación y venta de bienes muebles e inmuebles". La sociedad fue extinguida en 2003.

San Cucufato cuya propietaria y administradora única era Thais de Picaza, se creó mediante la aportación de varios terrenos y una casa situados en Algeciras (Cádiz) y Lalín (Pontevedra), así como un piso en la calle Rosales de Madrid, que eran propiedad de la viuda de José Malvar con carácter privativo. Tenía su domicilio social y fiscal en el lugar de Os Viviros, en Mogor (Pontevedra).

Según relata el fiscal Augusto Santaló, con la finalidad de no tributar por las transmisiones y correspondientes beneficios que San Cucufato realizó y obtuvo en el ejercicio 2001, la acusada ordenó confeccionar una contabilidad ad hoc. Así, se efectuó la transmisión de unos terrenos a José Malvar Construcciones, SA, por importe de 1,6 millones de euros, en escritura de 9 de enero de 2001. En la misma relación contable aparece la venta del piso de Madrid en escritura de 7 de mayo de 2001, por importe de 734.677 euros. El beneficio total declarado por ambas operaciones fue de 1,5 millones de euros. Según el ministerio público, para eliminar tributaciones estos beneficios se contabilizaron como gastos y pérdidas. Así, presuntamente se simularon obras realizadas por Maquinaria de Pontevedra en Algeciras en 2001 por importe de 273. 460 euros.

En las mismas fechas se facturó también una compra de maquinaria por 1,3 millones, en la que figuraron dos asientos referentes a la pérdida de valor de esos bienes. Uno como dotación a provisión de 144.249 euros y otro como pérdida del material inmovilizado por 156.263 euros. "Estas anotaciones referidas a obras realizadas en terrenos propios y compra de maquinaria con soporte en facturas emitidas por Maquinaria de Pontevedra, SL no obedecen a operaciones reales", según el escrito de acusación. "Pues, por un lado, esta empresa no se trasladó (no sería rentable económicamente) a Algeciras a realizar ninguna obra y, por el otro, la maquinaria que se dice comprada nunca pasó a ser propiedad a San Cucufato, y en el supuesto de haber sido adquirida no se justificó la procedencia", subraya la fiscalía.