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Aguirre recorta por primera vez el presupuesto de Sanidad

Las cuentas del Servicio Madrileño de Salud, 7.500 millones de euros, escapan al control del Parlamento regional

Elena G. Sevillano

Las restricciones presupuestarias que ha venido aplicando en los últimos años el Gobierno de Esperanza Aguirre habían esquivado las cuentas sanitarias. Al presentar los sucesivos presupuestos, la presidenta suele poner el acento en que la tijera no afecta a los servicios sociales, la educación ni la sanidad. Había sido así hasta ahora, al menos con esta última partida. Año tras año, los presupuestos finales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se incrementaban entre un 5% y un 10% dependiendo del ejercicio. Pero esa tendencia terminó en 2010. Por primera vez, este organismo, que integra tanto la asistencia primaria (centros de salud) como la hospitalaria, dispuso de menos dinero para funciona.

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El presupuesto final del Sermas fue de 7.569 millones de euros el año pasado, mientras que en 2009 contó con 7.834 millones, un 3,4% menos. Los datos proceden de la Memoria anual que elabora el Sermas, recientemente publicada con los datos de 2010. Al comparar los años anteriores en sus correspondientes memorias, se comprueba que entre 2008 y 2009 el presupuesto final creció un 10,6%; entre 2007 y 2008, un 9,2%; entre 2006 y 2007, un 9,3%... Ha sido así desde que se creó el Servicio Madrileño de Salud. Pero el año pasado, por primera vez, la sanidad madrileña tuvo que funcionar con cerca de 265 millones de euros menos.Si comparar el presupuesto final, en lugar del inicial, permite hacerse una idea mucho más precisa del gasto de cualquier organismo, en el caso del Sermas este cálculo es especialmente relevante. La cantidad que el Gobierno de Aguirre anuncia que destinará a la sanidad madrileña todos los octubres, cuando presenta el presupuesto, está bastante alejada de la que finalmente emplea. La partida del Sermas, que se lleva 4 de cada 10 euros de las cuentas totales de la Comunidad, siempre se incrementa a lo largo del año. En ocasiones, en porcentajes muy altos. Ocurrió, por ejemplo, en 2009. El presupuesto inicial era de 6.800 millones, pero se añadieron otros 1.032 millones. Es decir, más de un 15% de subida.

También en 2010 ha sucedido. Las cuentas iniciales atribuían al Sermas 6.820 millones de euros, pero se sumaron otros 749 mediante varias modificaciones de crédito. El incremento fue, por tanto, del 11%. Todos los capítulos (gastos de personal, gastos corrientes, conciertos, transferencias...) recibieron más dinero, excepto el de las inversiones. Por programas, la mayoría ganaron presupuesto. El de Atención Primaria, con el que se gestionan los más de 400 centros de salud de la región, recibió 167 millones extra. El de Atención Especializada sumó 591 millones más al presupuesto inicial.

Los presupuestos del Sermas se convirtieron ayer en protagonistas de la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, en la Asamblea para informar de la ejecución de las cuentas de 2010. Tanto el PSOE como IU denunciaron falta de transparencia. Pese a que llevan años reclamándola, la Comunidad de Madrid no facilita al Parlamento regional la ejecución del presupuesto del Servicio Madrileño de Salud. O lo que es lo mismo: 4 de cada 10 euros de las cuentas regionales se quedan sin fiscalizar en la Asamblea. El gasto sanitario en Madrid es, pues, una incógnita. El destino de los 800 o 1.000 millones de euros que se suman al presupuesto inicial se desconoce al no estar sujeto a control parlamentario.

El desglose de las cuentas del Sermas se queda en los cajones de la Consejería de Economía y Hacienda gracias a una treta legal. La naturaleza jurídica del Sermas es de "ente especial de derecho público". Y la Ley de Hacienda actualmente vigente no obliga a presentar información de estos entes en la cuenta general de la Comunidad de Madrid, que es la que se fiscaliza en el Parlamento regional. En 1990, cuando se aprobó la ley, el Sermas ni siquiera existía. Todos los años, la oposición presenta enmiendas para cambiar la norma, pero el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, vota en contra.

"¿Cuál es la deuda real en sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué nunca contestan a esto y qué es lo que tienen que ocultar?", le preguntó ayer a Manglano la diputada de IU Libertad Martínez. "La opacidad con la que tratan el tema de la sanidad empieza a ser grave en términos políticos y legales", añadió. El diputado del PSOE Antonio Carmona denunció que "el mayor esfuerzo regional está sin fiscalizar", además de "infrapresupuestado", añadió, ya que siempre se incrementa respecto al inicial.

"Toda la información sobre el Sermas se remite a la Asamblea, según lo estipulado por la Ley 9/1990", afirmó ayer Manglano. Es decir, no se remite. El desglose del gasto sanitario va a la Intervención General y a la Cámara de Cuentas. Esta última, órgano de control del sector público de la Comunidad, ha afirmado en sus informes de fiscalización que "sería deseable" incluir los entes especiales como el Sermas entre los que deben presentar información detallada. Su último informe es de 2010 y únicamente analiza el programa de Atención Especializada de 2007. En él critica la falta de control sobre los hospitales concertados.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

Más presupuesto

- Muchos programas sufrieron modificaciones presupuestarias durante 2010, en general, al alza. El mayor incremento fue en Atención Especializada, que sumó 591 millones de euros a los 4.231 presupuestados inicialmente.

- Atención Primaria añadió 167 millones de euros a los 1.927 con los que contaba al empezar el año.

- El dinero destinado a la atención a las emergencias (programa 725) se incrementó un 13,4%.

- En el otro extremo, las listas de espera quirúrgica sufrieron un recorte del 45%.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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