Las entidades avisan de que el caos de la RMI puede causar una "explosión social"

Los recortes aplicados a los servicios más básicos pueden comportar problemas graves de conflictividad social. Así lo creen las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), una agrupación de 85 asociaciones que trabaja con personas en riesgo de exclusión. ECAS ha seguido de cerca la evolución de la crisis de la Renta Mínima de Inserción (RMI). El cambio en la forma de pago de la RMI provocó un monumental caos y dejó a miles de personas sin su renta, una ayuda básica de 423 euros. En su informe de evaluación de la crisis, ECAS deja clara una conclusión: hay un riesgo de "explosión social" por los recortes en la RMI y los problemas que se avecinan si empeora el paro. "La incapacidad para gestionarlo puede ser explosiva", apunta el documento, que aconseja al Gobierno que, antes de ampliar el tijeretazo, valore "el coste añadido que puede implicar la extinción de determinados expedientes de la RMI". "Cada vez estamos más cerca de un riesgo así", insistió Teresa Crespo, presidenta de ECAS y del consejo asesor de políticas sociales del Gobierno de Artur Mas.

Crespo, muy crítica con los recortes, reclamó más diálogo. "Para el Gobierno no hay prisa", lamentó. ECAS cree que la RMI debe cambiar para adaptarse mejor a su objetivo inicial, la inserción social y laboral de personas con riesgo de exclusión. El Ejecutivo está haciendo su propio análisis del caos de la RMI. En paralelo a la revisión de los expedientes que pueden presentar irregularidades -un 18% de los preceptores todavía no ha cobrado su ayuda de agosto, y sus casos se revisan uno a uno-, se examina la coordinación entre los responsables de la RMI, el Departamento de Empresa y el de Bienestar. El titular de esta cartera, Josep Lluís Cleries, aseguró a las entidades sociales que en el futuro tendrá más responsabilidad sobre la RMI. La actitud del titular de Empresa, Francesc Xavier Mena, indignó a las asociaciones.

El informe de ECAS incide en casos puntuales que ayudan a ver la magnitud del caos: personas que, pese a cumplir los requisitos y haber presentado múltiples reclamaciones, no han cobrado y deben visitar comedores sociales o aplazar el pago de su alquiler.

El caos de la RMI es solo la punta del iceberg, según el informe. "Este caso se suma a la dejadez en otros programas", señala el texto, que cita programas de inserción laboral. El estudio es claro: la problemática se puede agravar en los próximos meses. Empresa calcula que entre octubre y marzo del año que viene, el 69,8% de las personas que están en el paro agotarán el subsidio. Ante este panorama, Crespo concluyó con una súplica al Gobierno: "Aunque haya recortes, hay prioridades. Y las personas con riesgo de exclusión social deben ser prioritarias".