Chaparrón de críticas al Gobierno por su falta de políticas de empleo

La Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament de esta mañana se ha convertido en un aluvión de críticas al Gobierno catalán por su poca iniciativa en el fomento de políticas de empleo. La comisión se ha dedicado íntegramente a la crisis que el pasado agosto provocó el cambio por sorpresa en el pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Sus 31.000 perceptores recibieron un cheque al portador y no la habitual transferencia, lo que dejó a miles de familias sin esta ayuda de 426 euros. 6.000 personas no la cobraron y todavía hoy quedan 2.900 expedientes por "verificar", ha dicho el director general de Economía Social y Cooperativas y , Xavier López García. La Generalitat sigue sin aclarar -esta mañana tampoco, para desespero de los diputados del PSC, ICV y ERC- si lo hizo para que afloraran casos de fraude o en el marco de los recortes del gasto público. Además, ha endurecido el acceso a la RMI mediante un decreto que sindicatos y trabajadores sociales han pedido que quede sin efecto y se vuelva a revisar pero desde el consenso.

Mientras, sindicatos, entidades sociales, vecinos, trabajadores sociales, oposición e incluso la patronal han clamado que, si el actual Gobierno no es partidario de subsidiar y defiende el espíritu inicial de la RMI, con itinerarios personalizados de inserción, impulse verdaderamente los planes de empleo. "Si lo que quieren es que las personas no tengan que hacer uso de las ayudas sociales, lo que tienen que hacer es poner en marcha planes de ocupación, es lo que se ha hecho en crisis anteriores", ha manifestado la presidenta de la Asociación para la Promoción y la Inserción Profesional, Montserrat Font. "En la década de 1980 los servicios sociales también eran generadores de ocupación", ha recordado.

Con 600.000 personas en paro (161.000 sin ingresos porque han acabado el subsidio de desempleo) y una tasa de paro juvenil del 40%, Font ha descrito la situación alarmante que afrontan las entidades: "Estamos ante un modelo desconocido, estamos desbordados, no entendemos nada y las soluciones no están en nuestras manos, solo sabemos que no podemos dejar a esta gente sola". Incluso la diputada del PP, Marisa Xandri, quién más se ha referido a la existencia de fraude, ha reprochado la falta de políticas de empleo. "No habría que empezar por programas para crear empleo?", preguntó.

Los sindicatos CC OO y UGT han incidido especialmente en la necesidad de impulsar planes de empleo. Pero también han advertido de que la crisis es de tal calibre que el paro también golpea a perfiles de alta formación. "Se puede mejorar el empleo, pero hay gente que no lo necesita, simplemente no hay trabajo para ella y necesita ayuda. Dudo que nadie aspire a vivir con 400 euros al mes", ha clamado Raquel Gil, de UGT.

En agosto, han explicado los asistentes sociales, la crisis social fue de tal magnitud que algunos ayuntamientos tuvieron que contratar agentes de seguridad privada en los accesos de las oficinas de bienestar social, ha explicado la decana de los Trabajadores Sociales, Núria Carrera. Todos los comparecientes han criticado que no se les avisara de los cambios en la forma de paro, así como de que el Gobierno de CiU no haya convocado ni una vez la comisión de seguimiento de la Renta Mínima.

El drama de los desahucios también ha irrumpido en la comparecencia, en la que la coordinadora de servicios sociales básicos del colegio de Trabajadores Sociales, Mercè Ginesta, ha asegurado que "se multiplicarán" y dará lugar "a un enorme contingente de familias sin salida". Respecto al fraude, Ginesta y otros comparecientes han subrayado que se trata de una "excusa" del gobierno y que "contribuye a criminalizar a los pobres". "Se ha extendido la idea de que los trabajadores sociales somos cómplices de las situaciones de fraude, cuando en realidad somos los que las detectamos si las hay", ha dicho y ha defendido el rigor y valor del trabajo de los que están a pie de trinchera.

Los representantes de la Generalitat, el director general y de Economía Social y Cooperativas y la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, Carmela Fortuny, han repetido los argumentos del Gobierno catalán para justificar los cambios: como que la ayuda no solo se concederá a quienes no tengan ingresos, sino a quienes corran riesgo de exclusión, y solo para un periodo de 60 meses. Han sostenido que la RMI "había perdido su espíritu inicial" y han asegurado que las reformas introducidas "garantizan que los recursos van destinados a personas que más allá de su situación personal tienen riesgo de exclusión".