Juicio al alcalde de Tordera por el vertido de aguas residuales

El alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares (CiU), se sentará mañana en el banquillo de los acusados por verter aguas residuales contaminantes en una riera. El fiscal pide para él la pena de cinco años de prisión por haber "permitido" y "consentido" que los residuos generados en la urbanización Terrabrava fueran arrojados "sin depuración ni tratamiento alguno" a la riera de Vall-lloparda, "contaminando gravemente sus ecosistemas naturales".

Garcia Cañizares es uno de los alcaldes catalanes que se han visto involucrados en procesos penales a propósito del tratamiento de las aguas residuales. En la última década, los regidores han tolerado vertidos contaminantes a causa, sobre todo, de la falta de depuradoras, que debía construir la Agencia Catalana del Agua (ACA), un organismo que depende de la Generalitat.

La Audiencia de Barcelona juzga mañana y el martes al hombre que, desde 1995, ocupa la alcaldía del municipio del Maresme y que en las pasadas elecciones municipales revalidó su mayoría absoluta. El fiscal considera probado que, al menos desde 2005, Garcia Cañizares "incumplió las obligaciones legales" y permitió que las aguas llegaran a la riera a pesar de que el Consistorio "carecía de autorización administrativa" para efectuar los vertidos.

Los contaminantes "afectaron gravemente" a los ecosistemas naturales de la riera y generaron "un grave riesgo" para dos espacios naturales situados a escasa distancia de los torrentes. Un tramo de 1,7 kilómetros de Vall-lloparda se convirtió, concluye el fiscal, en "una alcantarilla a cielo abierto", hasta el punto de que la contaminación "degradó" el ecosistema e "impidió el desarrollo de la vida animal y vegetal".

La ACA instó al Ayuntamiento, en 2007, a regularizar la situación. El Consistorio respondió que estaba pendiente la construcción de una depuradora para la urbanización -el proyecto se aprobó en 2005- y el expediente de la Generalitat quedó archivado. Pero la instalación no se llevó a cabo, argumenta el ministerio público, "por razones estrictamente económicas, intentando eludir el coste económico que conllevaba dicha obra". El fiscal considera que el alcalde intentó "derivar la responsabilidad" a la Administración autonómica.

En mayo de 2008, los Mossos d'Esquadra comprobaron los vertidos ilegales y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que inició las investigaciones. Las muestras tomadas de la riera mostraron los efectos de los residuos en Vall-lloparda, en contraste con las zonas adonde no llegaron esos vertidos.

La fiscalía acusa al alcalde de no hacer nada para poner fin a esa situación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 7.500 euros y su inhabilitación como alcalde durante cuatro años.