Pajín exige a Madrid que cambie su sistema de lista de espera quirúrgica

El Ministerio de Sanidad exige a la Comunidad de Madrid que cambie la forma en la que contabiliza a los pacientes en lista de espera quirúrgica. El departamento que dirige Leire Pajín ha enviado una carta al consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, en la que le insta a modificar el sistema que utiliza la Consejería de Sanidad para incluir a los pacientes en la lista de espera para una operación. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ministerio asegura que la actual forma de contabilizar el plazo de espera de Madrid "es contraria y diferente" a lo que establece la normativa y señala que debe modificarse para "evitar discriminaciones en relación a las garantías del resto de España".

Madrid es la única comunidad autónoma excluida del cómputo nacional de lista de espera quirúrgica. Sus datos no se agregan a los del resto de comunidades, lo que impide las comparaciones. El Ministerio de Sanidad la expulsó en 2005 por incumplir las normas de recuento de pacientes a las que le obligaba la ley. Desde entonces, Madrid mantiene un particular sistema de contabilidad que reduce artificiosamente el número de enfermos incluidos en la lista y el tiempo que esperan para ser operados. A diferencia del resto de comunidades autónomas, Madrid incluye al paciente en lista no cuando el médico indica la operación, sino cuando ya lo ha visto el anestesista y le han hecho las pruebas preoperatorias. Un ardid con el que retrasa entre 20 y 40 días la inclusión en la lista.La situación se ha prolongado durante seis años sin más acción por parte del ministerio que algunas reclamaciones por escrito cuando se produjo la expulsión, pero ahora la situación es diferente. El Boletín Oficial del 29 de agosto pasado publicó un real decreto que garantiza el derecho de todos los españoles a esperar como máximo seis meses para someterse a una operación quirúrgica. Intervenciones de corazón, cataratas, prótesis de rodilla o cadera deben programarse menos de medio año después de haber sido indicadas, sin importar en qué comunidad autónoma resida el paciente. De no ser así, el servicio de salud podrá derivar al sistema privado. Si tampoco cumple con eso, el paciente podrá dirigirse a una clínica privada y pasar luego la factura al sistema público.

El real decreto prevé un tiempo de adaptación para las comunidades, de seis meses desde la publicación en el BOE, para que adapten sus normativas. El texto deja muy claro que el plazo computa desde el momento en que el médico indica la intervención. Es entonces cuando el paciente debe entrar en el registro de espera. Y Madrid no lo está cumpliendo. "Lo tiene que hacer obligatoriamente", asegura el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. "Y dudo que vaya a negarse, porque le puede suponer un problema serio. Los pacientes podrían empezar a reclamar por vía patrimonial e incluso penal si hay afectación a la salud de las personas. Si yo fuera un paciente, desde luego, presentaría reclamación", añade.

La Comunidad de Madrid se negó ayer a responder a si cambiará la forma de contabilizar la lista de espera quirúrgica tras la publicación del real decreto que le obliga a ello. En una respuesta por escrito, una portavoz de la Consejería de Sanidad contestó con esta afirmación: "La Consejería de Sanidad ofrece todos sus datos con total transparencia y mantenemos el compromiso de los 30 días para ser operado tras realizarse las pruebas preoperatorias por lo que el compromiso de la presidenta regional se seguirá cumpliendo". Esperanza Aguirre se comprometió durante la campaña electoral de 2003 a dimitir si no conseguía que los madrileños tuvieran que esperar menos de 30 días para operarse. Dicho y hecho. La ya presidenta puso en marcha un Plan integral para la reducción de la lista de espera quirúrgica en 2004 y, con él, estableció el peculiar cómputo que le permite "maquillar" las cifras, en palabras de Martínez Olmos.

El Ministerio de Sanidad asegura que actúa ahora porque el decreto ley afecta "a derechos de los ciudadanos, a garantías" por las que se puede reclamar penalmente. Antes, la rebeldía de Madrid "no era sancionable", afirma el secretario de Sanidad. "Una cosa es maquillar las cifras, usar un sistema fraudulento desde el punto de vista de la contabilidad y otra muy diferente es hablar de garantías", insiste. Si la Comunidad de Madrid, como se puede interpretar por la respuesta de su portavoz, se empecina en mantener su sistema, el ministerio activará a la Alta Inspección, que "instará formalmente" a que cumpla la normativa. El siguiente paso competería ya al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que tiene las competencias, señala Martínez Olmos.

Según el Gobierno regional, el compromiso de la presidenta se ha cumplido escrupulosamente durante estas dos legislaturas y pico. Sin embargo, el sistema de cálculo madrileño tiene otras trampas además del momento de la inclusión del paciente. En realidad, la lista de espera no es una, sino trina. Los últimos datos públicos son de 31 de marzo. Un total de 55.119 personas esperaban para operarse, la cifra más alta desde que Aguirre puso en marcha su plan. Pero de ellas solo 17.688 figuraban en la lista "estructural", la única en la que se garantiza una espera máxima de 30 días (a contar tras la visita con el anestesista, claro).

El resto de pacientes se reparten en otras dos listas: los que rechazan la primera opción que les ofrece Sanidad, y que en muchos casos es una clínica concertada, y los "transitoriamente no programables", es decir, los que esperan cita con el anestesista o las pruebas del preoperatorio, entre otras causas. Con este sistema es, por tanto, imposible saber si un madrileño espera más o menos que los habitantes de otras autonomías. Según la Consejería de Sanidad, los que rechazan el primer hospital que les ofrecen esperan, de media, 54 días para operarse.

De los "transitoriamente no programables" Sanidad no ofrece datos. Y eso que son cada vez más. Antes de que Aguirre pusiera en marcha el plan de reducción de listas de espera para dar cumplimiento a su compromiso electoral solo eran el 5,9% del total de pacientes en espera. Ahora ya son el 33%.