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Rebelión contra el auto del castellano en Cataluña

Algunos partidos y sindicatos llaman al profesorado a la desobediencia

La oposición al auto judicial que obliga a la Generalitat de Cataluña a convertir el castellano en lengua vehicular en las escuelas subió ayer un escalón más con llamamientos a la desobediencia, como el que realizó el sindicato USTEC, mayoritario en el sector de la enseñanza pública. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga al Departamento de Enseñanza a presentar en el plazo de dos meses un proyecto que garantice que el castellano tiene la misma consideración que el catalán en la escuela pública. La ley del catalán, que dio pie a la inmersión lingüística, fue aprobada en 1983 en el Parlamento autónomo sin votos en contra y con una abstención.

"Llamamos al profesorado a la desobediencia y a mantener el catalán como lengua de aprendizaje y de relación en los centros educativos", señaló USTEC en un comunicado difundido ayer. El sindicato, que califica de "coacción" el auto del TSJC, recuerda que los docentes de las escuelas de infantil y primaria "han sido los protagonistas de una experiencia exitosa que ha sabido construir una escuela que no segrega por motivos de lengua y que se ha convertido en una pieza clave en la recuperación del catalán como lengua común y de cohesión social".

Duran advierte de que agotarán la vía de los tribunales

Caamaño recuerda que el TC avala el catalán como lengua vehicular

En el mismo sentido se expresó Esquerra Republicana (ERC). Su Consejo Nacional aprobó ayer una resolución en la que considera la decisión judicial como "un nuevo ataque directo" a Cataluña, que tendrá "consecuencias muy graves para el sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas". ERC hizo un llamamiento a la desobediencia civil contra la sentencia y pidió a los partidos catalanistas que la apoyen, informa Ivanna Vallespín.

El presidente de los republicanos, Joan Puigcerós, instó al Gobierno de CiU y al Parlamento catalán a "plantar cara" a la sentencia de TSJC y a "dar cobertura a los profesores" que decidan no acatar la sentencia. ERC también envió una carta a los partidos catalanistas pidiéndoles una reunión para tratar de recabar una posición unitaria. Puigcercós consideró "insuficiente" la opción de CiU de presentar un recurso contra la sentencia.

Un tono más suave pero también contundente fue el empleado por el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que calificó el auto judicial de "atentado" y "ataque político" contra el modelo lingüístico catalán. Duran añadió que "de ninguna de las maneras" se modificará y aseguró que el Gobierno catalán presentará los recursos judiciales correspondientes.

Duran recordó que el actual sistema de inmersión cuenta con el aval científico de la Unesco y el aval político de la Unión Europea. Y resaltó que el propio presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, destacó recientemente que el modelo lingüístico catalán es "exportable" a otros países de la UE.

Desde Iniciativa per Catalunya (ICV), su líder, Joan Herrera, propuso la aplicación de los instrumentos del Estado de derecho para "no acatar" el auto. Herrera remarcó que las sentencias del Supremo demuestran que existe un problema importante "con el poder judicial y el Constitucional". Herrera ha explicado que es necesario impulsar "una reforma profunda del poder judicial". El líder ecosocialista argumentó también que cuando una sentencia afirma que el modelo de inmersión de Cataluña, que ha permitido los últimos treinta años tener "un pueblo unido", no es legal, "el problema no es el modelo, sino la interpretación desviada del poder judicial".

En el otro extremo político, el presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, pidió la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por apoyar el modelo de inmersión en la escuela y recordar que este ha garantizado la cohesión social y lingüística. El presidente de C's exhortó a abrir diligencias por la vía penal en caso de que se incumpla la decisión judicial, con el consiguiente traslado a la fiscalía del posible delito de desacato.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó que el Constitucional ha avalado en una sentencia que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza y que las leyes catalanas son constitucionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de septiembre de 2011