Farmacias revueltas

Los únicos inocentes del conflicto que enfrenta a los farmacéuticos de Castilla-La Mancha con el Gobierno de esa comunidad, que desde mayo no les paga los medicamentos dispensados por receta, son los pacientes: los ciudadanos que necesitan los medicamentos que ya han pagado con sus impuestos. El Gobierno actual, del PP, culpa al anterior, del PSOE, al que acusa de haber gastado en la primera mitad del año el 80% del presupuesto sanitario. Aunque esa cifra está pendiente de confirmación por la Sindicatura de Cuentas, nadie duda de que la anterior Administración dejó un agujero enorme (de 700 millones según el expresidente Barreda, y casi el triple según la actual presidenta).

Pero eso no exime al Gobierno de Cospedal de asumir su propia responsabilidad, como han tenido que hacer otras comunidades enfrentadas al mismo problema, tanto si ha habido cambio de partido gobernante (Baleares) como si hay continuidad (Murcia, La Rioja). En esta última ya se ha pagado la deuda con las farmacias de junio y en Murcia el Gobierno ha avalado créditos conjuntos para el gremio. En Castilla-La Mancha, su Gobierno presentó la semana pasada un informe sobre sus primeros 50 días en el que se felicitaba por su recorte del gasto, sin citar para nada la deuda con las farmacias. Su única respuesta al paro del sector del día 11 fue anunciar sanciones y sugerir pedir créditos individuales a entidades con las que el Gobierno había apalabrado condiciones favorables.

Ahora, ante el aviso de un cierre voluntario de dos meses solicitado por medio millar de farmacias, el consejero de Sanidad ha dicho (como era lógico que dijera) que no autorizará ningún cierre, pero también amenazado con que si alguna cierra "puede que ya no abra", en aplicación de una norma que permitiría cerrarlas "definitivamente". Son declaraciones irresponsables, muy en la línea de "no nos temblará el pulso" que viene aplicando su Gobierno.

La respuesta de los boticarios, comprensible pero equivocada, prolonga el intento de los Gobiernos de pasarle la pelota al otro; en este caso, a los pacientes. Pero tienen razón en reclamar, si no el pago inmediato de toda la deuda, que no sería realista, sí un calendario de pagos, como en otras comunidades. El Gobierno de Cospedal no puede escurrir el bulto; y el Ministerio de Sanidad, cuya titular reconocía en julio la necesidad de medidas que garanticen la supervivencia de las farmacias, especialmente en medio rural, ¿no debería hacer algo?