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La reforma de la Constitución

Rubalcaba: "No quiero ni una cifra en la Constitución"

Zapatero y Rajoy pactaron incluir un déficit del 0,35%, que el candidato rechazó

Las propuestas de reforma constitucional defendidas por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy compartían más coincidencias entre ellas que con el acuerdo que finalmente alcanzaron sus partidos la madrugada del pasado viernes. Tanto el presidente del Gobierno como el líder del PP estaban a favor de fijar el tope de déficit para 2020 en el 0,35% y que esa cifra se recogiera en la norma fundamental. El acuerdo alcanzado, sin embargo, amplía esa limitación al 0,4% y la coloca en una ley orgánica, lo que la hace mucho más sencilla de reformar. Basta mayoría absoluta.

Fuentes del PSOE aseguran que la rebaja de las expectativas de ambos líderes se debió a las objeciones del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en quien Zapatero dejó las riendas de la negociación con el PP desde el anuncio de la reforma en el pleno del Congreso del pasado martes, según las mismas fuentes. Aparte de dirigir la negociación con la oposición, Rubalcaba estuvo durante los tres días que duraron las conversaciones en continuo contacto con La Moncloa. Mantuvo, según fuentes socialistas, una negociación a dos bandas en la que el candidato logró que las posturas del Gobierno y el PP se flexibilizaran.

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Por orden de rigidez, la iniciativa más dura sobre la mesa era la de Mariano Rajoy. El líder del PP, además de incluir en el primer apartado del nuevo artículo 135 de la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, pretendía que se recogiera la obligatoriedad del equilibrio presupuestario. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, todas las Administraciones estuvieran necesariamente sujetas al déficit cero. Zapatero, sin embargo, defendía no incluir esta última mención en la modificación. Al final, la propuesta de reforma constitucional recoge el déficit cero, pero solo para las entidades locales (municipios y diputaciones provinciales). Estado y comunidades autónomas quedan exentos.

El jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición coincidían además en instaurar como cifra tope para el déficit estructural de las Administraciones -el que no depende de los ingresos o gastos extra que generan los vaivenes de la economía, es decir, sin contar los incrementos de recaudación en épocas de bonanza o los gastos sociales extra en recesión- en el 0,35%, el mismo porcentaje recogido en la Constitución alemana desde su reforma en 2009 y que se aplicará en 2015. Al final de la negociación, el límite quedó ampliado en media décima hasta el 0,4%. En este punto, según el PSOE, también se impuso la tesis de Rubalcaba.

La idea de no consagrar ese porcentaje en la Constitución partió del candidato, según fuentes socialistas. Desde que Zapatero le comunicó por teléfono su intención de reformar la norma fundamental y el acuerdo con Rajoy para incluir el tope de déficit en ella, Rubalcaba le manifestó su oposición: "No quiero ni una cifra en la Constitución". Esas fueron las palabras del candidato. Solo unas semanas antes, Rubalcaba había ridiculizado las propuestas del PP en ese sentido. El exvicepresidente sabía, además, como se demostró después de que el presidente del Gobierno hiciera pública su propuesta de reforma, que gran parte del PSOE se opondría a esa medida.

En lo que no estaban de acuerdo Rajoy y Zapatero era en la mayoría necesaria en el Parlamento para relajar ese corsé y no cumplir el tope de déficit cuando se dieran condiciones excepcionales como catástrofes naturales, recesiones económicas u otras situaciones de emergencia extraordinaria que pudieran implicar desembolsos importantes. El PP quería que los dos grandes partidos tuvieran que ponerse de acuerdo al establecer una mayoría de tres quintos (la misma que se exige para la reforma constitucional) para la modificación del límite de déficit en esos casos. Zapatero, sin embargo, defendía, al igual que Rubalcaba, lo que finalmente se acordó: que el Parlamento pudiera dar ese permiso con una simple mayoría absoluta.

La exclusión de la cifra máxima de déficit del texto constitucional da flexibilidad a la restricción de gasto al dejarla en medio de la arena política. El 0,4% que recoge el acuerdo alcanzado por ambas formaciones se recogerá en la ley orgánica que las dos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012. Pero una vez aprobada bastarían 176 diputados para reformarla o derogarla y no los 210 que exige una reforma constitucional. Si el PP obtuviera mayoría absoluta tras las elecciones del 20-N podría hacerlo sin contar con nadie más.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el pasado viernes que en los tres días que duró la negociación con el PSOE, no habló en ningún momento con Rubalcaba, pero el gabinete del candidato socialista se atribuye el éxito de haber dejado la reforma constitucional en la mera inclusión del principio de estabilidad presupuestaria, de ampliar la cifra de déficit al 0,4% y de sacarla de la norma fundamental para llevarla a una ley orgánica.

El equipo del exvicepresidente del Gobierno, que dirigió a José Antonio Alonso, Francisco Fernández Marugán y Txiki Benegas -los negociadores socialistas- desde Ferraz, intentó flexibilizar aún más las situaciones excepcionales ante las que el Parlamento podría ampliar el techo de déficit. Además de las catástrofes naturales y las emergencias extraordinarias, la delegación trató de incluir "las fases de grave desaceleración". Pero los populares no aceptaron y el término finalmente incluido fue el de "recesión".

El miércoles, una vez que los equipos del PSOE y el PP acordaron la cifra límite de déficit y que esta no se recogería en la Constitución, el último escollo para alcanzar el pacto fueron las fechas para revisar ese límite, recogidas en el acuerdo político entre ambas formaciones, en función de la evolución de la economía hasta su definitiva entrada en vigor en 2020. El PP planteaba una única revisión que debía efectuarse en 2016, pero los socialistas se empeñaron en que fueran dos: en 2015 y en 2018. Al final fue esta última idea que se impuso.

A cambio de todas estas cesiones, el PP exigió que en el nuevo artículo de la Constitución se recogiera la obligación de que tanto el Estado como las comunidades autónomas estuvieran atados a los criterios de convergencia de la Unión Europea. Los socialistas, en principio, se mostraron reacios a la propuesta, que da rango constitucional al límite del 60% de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto. Pero al final, los negociadores del PSOE cedieron al entender que el límite de déficit del 0,4% incluido en el acuerdo político implicaría necesariamente una reducción de la deuda y que eso no supondría un gran esfuerzo para España, cuya tasa actual, que ronda el 70%, no se aleja demasiado de ese límite.

Según fuentes próximas a la negociación, los populares no presentaron especial batalla por el resto de los puntos. Sus negociadores -Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón- acudieron a las reuniones con el PSOE con la convicción de una victoria asegurada: el Gobierno había aceptado aprobar una reforma constitucional que Rajoy había planteado hace un año. Por lo demás, a pesar del hervidero de peticiones en Twitter y otras redes sociales y de la importancia que Rubalcaba les está dando durante la precampaña, ninguno de los dos partidos planteó -ni en sus sedes ni en la mesa de negociación- la posibilidad de que la reforma se aprobara por referéndum.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de agosto de 2011