El 'invierno estudiantil' sacude Chile

Los padres de Eduardo Zepeda, de 23 años, estudiante de ingeniería en una universidad estatal, pagan una cuota mensual equivalente a 540 euros por la carrera de su hijo. De este monto, 390 euros son para la Universidad y 150 euros para un banco que les otorgó un crédito al 5% de interés. Sus padres, de clase media, destinan el 20% de sus ingresos a pagar la carrera de Eduardo. "Aunque esto es complicado, lo más difícil será cuando mis cuatro hermanas estén en la Universidad. Hay compañeros míos que están mucho más endeudados", cuenta. Otras familias destinan hasta el 50% de sus ingresos a pagar la Universidad.

Su caso es representativo de la crisis de la educación chilena, que asfixia a miles de personas y tiene a estudiantes movilizados con marchas masivas y paros, a los que se sumaron los profesores para pedir al Gobierno un cambio estructural de un sistema que fue diseñado en la dictadura de Pinochet, en los años ochenta. Su demanda recibe apoyo de cerca del 80% de la población, según los sondeos, y es especialmente alto entre las clases medias. El invierno estudiantil tiene en jaque al Gobierno del conservador Sebastián Piñera. Contrasta la crisis de la educación con los aplausos que recibe la economía chilena, que este año crecerá sobre el 6%.

Las universidades públicas son las más caras de América Latina

En el diagnóstico hay consenso. Las universidades estatales tienen financiación escasa, las privadas operan casi sin fiscalización y todas son caras. En la educación secundaria coexisten colegios, muchos de mala calidad y faltos de infraestructura porque dependen de la riqueza del municipio que lo gestiona, con otros particulares de mejor calidad.

La reforma educativa en la dictadura consistió en el traspaso de los colegios que administraba el Estado a la gestión municipal, y en las universidades se abrió la puerta a la creación de privadas sin fines de lucro, aunque muy pocas lo han respetado. La privatización contribuyó a elevar el nivel de acceso a la educación, pero no la calidad del sistema, y en general lo hizo más oneroso.

Las universidades estatales chilenas, que reciben muy pocas aportaciones del Estado en comparación con otros países, son las más caras de América Latina y sus cuotas triplican las de Italia, cuadruplican las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El esfuerzo de las familias chilenas para pagar los aranceles, considerando los ingresos, "es el más alto de todos los países después de Estados Unidos", señala la OCDE.

El aumento de la matriculación en la educación superior, que ha pasado de 250.000 alumnos de pregrado en 1990 a casi un millón en 2010, "no ha sido suficiente para revertir la marcada estratificación de las oportunidades en este nivel educativo", afirma Pamela Díaz-Romero, directora ejecutiva de Fundación Equitas. En el 10% más pobre de la población, la tasa de acceso a la Universidad es de 16%, mientras que en el 10% más rico es del 61%.

El mayor acceso significó que los hijos de familias de ingresos medios y bajos llegaran por primera vez a la Universidad. Siete de cada diez universitarios son hoy de primera generación, porque sus padres no tuvieron educación superior. Pero como su educación secundaria es de baja calidad, llegan a universidades con menos nivel de exigencia. En ellas, "los aranceles representan hasta el 50% del ingreso familiar de un hogar de clase media, lo que obliga a un fuerte endeudamiento", agrega Díaz-Romero.

Ante la situación, la movilización estudiantil busca "un cambio de paradigma". "Durante años, se pensó en el financiamiento a los estudiantes sin capacidad de pago. Hoy se reivindica el derecho a la educación pública y gratuita", explica Díaz-Romero.

Las propuestas del Gobierno implican, según el ministro de Educación, Felipe Bulnes, un "antes y después" en este sector. Entre ellas figuran reducir el endeudamiento, al rebajar del 6% al 2% el interés del crédito para universitarios, y aumentar las becas, de forma que el 60% de los alumnos de familias de menos ingresos y clase media reciban ayudas para la educación superior. También plantea garantizar el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades privadas, algo que no se ha hecho desde comienzos de los ochenta.

Una tercera propuesta, dirigida a la enseñanza secundaria, es fortalecer la educación pública, con un mayor control de los centros y más subvenciones a las escuelas. También Bulnes se ha declarado dispuesto a reformar la Constitución para garantizar la calidad educativa. A lo que no está dispuesto, afirmó, es a dar "educación gratuita a todos los chilenos", porque "los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior". Las propuestas del Gobierno han sido rechazadas como "insuficientes" por las organizaciones estudiantiles.