Sanidad anula la orden de no cobrar a los peregrinos

Los más de 400 centros de salud de la Comunidad de Madrid recibieron el miércoles pasado una circular en la que se les daba instrucciones para que no facturasen por la asistencia sanitaria a los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La instrucción, enviada como correo electrónico a los directores de los centros, fue rectificada al día siguiente después de que se hiciera pública y arreciara la polémica. Una nueva circular, enviada ayer por la tarde, dio marcha atrás a la medida.

El primer correo, enviado en nombre del director general de Atención Primaria, decía: "Tras las dudas surgidas en varios centros de salud con respecto a la atención sanitaria prestada a los participantes de la JMJ-2011, os informamos de que no se debe realizar facturación por la asistencia prestada en nuestros centros de salud", con la última parte del texto marcada en negrita. Ayer la Consejería de Sanidad aseguró que se trataba de un malentendido, y que únicamente pedía a los centros que evitaran el "cobro directo", es decir, en el momento de la atención. Sin embargo, no existe tal cobro directo. En los ambulatorios no se pide dinero en efectivo ni tarjeta, sino que se solicitan los datos para elaborar la factura correspondiente. La segunda instrucción, la enviada ayer, rectificaba por tanto a la primera.Esta comunicación indicaba que "se tomará nota de los datos (nombre y apellidos, país de origen y seguro de viaje, en su caso) del usuario y del concepto facturable para, con posterioridad, y de acuerdo con la normativa de aplicación y la cobertura existente en función del país de origen, proceder a la gestión del reembolso". Es poco frecuente cobrar por la asistencia sanitaria en los centros de salud del sistema público, pero sucede, especialmente en el caso de extranjeros de fuera de la Unión Europea. Se les factura a ellos directamente, a sus seguros o a sus países de origen. También hay españoles que no están amparados por el sistema público. Es el caso de los parados sin subsidio con alguna renta o quienes no han cotizado nunca y tienen ingresos. Se calcula que entre 100.000 y 200.000 españoles no tienen derecho a la sanidad pública, un agujero del sistema que se cerrará en breve. El Congreso aprobó el 27 de julio pasado la Ley General de Salud Pública, que hará realmente universal el derecho a la sanidad.

Los servicios se cobran según unos precios que fija cada comunidad. En Madrid, la consulta con un médico de familia cuesta 39 euros. Si además incluye pruebas complementarias, la tarifa es de 57 euros. Una consulta de enfermería cuesta 18 euros. Un tratamiento de fisioterapia, 71. Si una persona necesita asistencia de noche o en fin de semana, que prestan los centros de salud abiertos 24 horas (llamados SUAP), le costará 58 euros. Una consulta de salud bucodental sale por 60 euros.