Entidades contra el racismo acusan a la justicia de tibieza con PxC

El folleto de Plataforma per Catalunya (PxC), partido liderado por Josep Anglada, es una soflama en contra de la inmigración: los musulmanes reciben "ayudas para obtener medicamentos gratis", son contratados "antes que los autóctonos", "no pagan impuestos" y se quedan con las "becas" escolares. Una serie de mentiras evidentes que el partido dejó negro sobre blanco en un panfleto que distribuyó en Sant Adrià de Besòs. El Ayuntamiento ha llevado el caso a la fiscalía.

Entidades por la convivencia y expertos piden que se actúe sin tibieza contra un partido que utiliza bulos xenófobos para ganar votos y advierten del peligro que suponen sus arengas de tinte racista. "No se persigue nada. Es sorprendente. Este tipo de afirmaciones puede llevar a la violencia", lamenta Sergi Santacana, abogado del Col·lectiu Ronda. La asociación tiene una batalla legal abierta con el partido xenófobo por repartir panfletos en Mataró en las elecciones municipales. "La carta contiene un decálogo de sus ideas fascistas y racistas; la réplica de un cheque de 4.000 euros nominal destinado a un inmigrante, también de contenido racista, y la lista de concejales presentados", lamentó el bufete de abogados.

La denuncia sigue adelante. Y no es la única. Pero las asociaciones echan en falta más iniciativa y valentía por parte de jueces y fiscales. "Se debería actuar más de oficio, darle más importancia. Es un peligro, un riesgo para el futuro", insiste Santacana. "Lo que hoy es una pequeña opinión puede ir creciendo y fomentando cosas peores, como agresiones y violencia", añade.

Uno de los principales problemas, sostiene el presidente de la Audiencia Provincial de Girona, Fernando Lacaba, es la "nebulosa" en la que acaban envueltos muchos de los procesos. "Estamos en un Estado de derecho, donde prima la libertad de expresión y manifestación, ¿dónde acaba lo uno y empieza lo otro?", se pregunta a propósito de los delitos de incitación al racismo que puede llevar aparejado el ideario que defiende un partido como Plataforma per Catalunya.

"La libertad de expresión cubre el derecho a mentir", admite Santacana. Pero, a su entender, tiene un límite: "Cuando puede suponer un riesgo para terceras personas o está hecho con la intención de injuriar o de difamar, o incluso de fomentar el odio. En ningún caso se debería poder justificar este tipo de actuaciones".

"Es muy complicado y variable. No todas las opiniones en este sentido son delito", señalan fuentes judiciales. Ante cada uno de estos casos, la fiscalía se ve en obligada a analizar "frase por frase" para ver "hasta dónde se puede llegar", añaden fuentes legales.La fiscalía tiene varios procesos en marcha contra PxC. El responsable de la sección de delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, abrió diligencias tras la denuncia del Col·lectiu Ronda en Mataró. También anunció una investigación por la propaganda electoral en las municipales.

Además mantiene otro frente abierto: un proceso judicial iniciado en 2007 cuyo juicio está previsto que se celebre pronto. El fiscal pide un año y medio de prisión para Anglada y para Juan Carlos Fuentes, exconcejal de su partido en Vic, por repartir unos pasquines que incitaban a la discriminación del colectivo magrebí.

En la causa está también la organización SOS Racisme, muy beligerante con el ideario que propaga PxC. "Difunden bulos que son falsos, con un temerario desprecio a la verdad para captar votos", lamenta Óscar Vicario, abogado de la organización. PxC logró en las últimas elecciones municipales 67 concejales, frente a los 17 de los anteriores comicios. "La fiscalía está siendo suave con ellos. Al final lo que les va parando los pies son las luchas individuales", se queja el letrado.

Aunque matiza que el problema no es tanto catalán (la fiscalía contra los delitos de odio y discriminación recibió el año pasado 171 denuncias de los de los Mossos d'Esquadra y abrió 69 procedimientos judiciales) como de actitud de una institución muy jerarquizada.

"Incluso debería investigarse si PxC cumple las exigencias de la ley de partidos, que prohíbe explícitamente cualquier mensaje xenófobo", añade el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. A su entender, los fiscales deben estudiar si PxC infringe la "triple dimensión" legal: la directiva europea de igualdad de trato por origen racial y étnico, el artículo 510 del Código Penal (que castiga a los que provocan "la discriminación, odio o la violencia" contra determinados colectivos o difunden "informaciones injuriosas" sobre grupos o asociaciones) y la citada ley de partidos.

Pero la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo merma en la práctica la aplicación del artículo 510. En una sentencia del mes de junio, el Supremo absolvió a cuatro neonazis de la librería Kalki. "Los alemanes no tenían razón porque no quemaron a todos los judíos" y "el negro puro se encuentra cultural y socialmente en el escalón más bajo", afirmaban en sus libros.

El tribunal consideró que sus aseveraciones no eran suficientes para justificar una condena por difusión de ideas genocidas y contra los derechos fundamentales. La sentencia, con un voto particular en contra, del magistrado Andrés Martínez Arrieta, interpretó que las afirmaciones están amparadas por la libertad de expresión porque no constituyen una "incitación directa" al genocidio ni suponen "la creación de un clima de opinión" que pueda llevar a "actos concretos de discriminación, odio o violencia".

"Es algo descabellado", se queja Vicario. "Parece que nadie vaya a actuar contra ellos hasta que haya sangre de verdad", añade. El letrado arremete contra la sentencia del Supremo porque "vacía de contenido" el apartado primero del artículo 510, al interpretar que es necesaria una incitación directa. SOS Racismo ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, junto con la asociación Amical de Mauthausen

Ante esta situación, las asociaciones como SOS Racisme intentan actuar basándose en el punto 2 del artículo 510, que castiga a los que "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones con relación a su ideología, religión o creencias" o por pertenecer a una "etnia o raza". El problema, explica Vicario, es que por ahora no hay jurisprudencia en este sentido. Ni siquiera hay un número considerable de sentencias en primera instancia.

"La libertad de expresión no es una libertad sin límites. En Europa, tenemos un ordenamiento jurídico basado en los derechos humanos y tenemos las constituciones que limitan ese ejercicio de libertad", resume Ibarra. Vicario da un paso más y pide una reforma de la ley de partidos para que no solo el Gobierno y la fiscalía puedan presentar una demanda de ilegalización de una organización. "Si pudiésemos presentarla nosotros, lo haríamos", concluye el abogado.