Obama declara una guerra implacable a las filtraciones

En el contexto de las filtraciones anónimas del portal WikiLeaks, la Administración del presidente Barack Obama se ha convertido en una implacable perseguidora de aquellos funcionarios que han compartido información clasificada con activistas o con reporteros. Mientras el soldado raso Bradley Manning, acusado de filtrar cables diplomáticos y militares, aguarda un juicio militar acusado de traición en una celda en Kansas, el Gobierno ha presentado cargos penales contra otros cinco informantes anónimos, que se enfrentan a penas de cárcel. El contraste con sus antecesores en la presidencia es patente: en los últimos 40 años solo había habido tres demandas similares. La guerra de Obama es contra las filtraciones.

En los últimos 40 años, solo había habido tres demandas similares

El caso que se ha resuelto más recientemente es el de Thomas Drake, exejecutivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés, encargada del espionaje militar). Según su propio testimonio, Drake comenzó a recelar de las escuchas telefónicas ilegales de la Administración de George W. Bush a ciudadanos norteamericanos después del 11-S. Intentó explicarles a sus superiores que esas escuchas eran innecesarias y que existían avanzados programas informáticos que podían hacer una labor más eficiente y menos intrusiva a la hora de identificar a sospechosos de terrorismo. Nadie le hizo caso y decidió acudir a la prensa.

En 2006 envió un correo a una periodista del diario The Baltimore Sun, Siobhan Gorman. Esta publicó una serie de reportajes críticos con la NSA, citando fuentes anónimas. En noviembre de 2007 el FBI registró la casa de Drake, en busca de pruebas sobre la filtración. Él abandonó su puesto de trabajo tras cinco meses de investigaciones. Fue acusado en abril de 2010, un año después. La pena máxima a la que se enfrentaba era de 35 años de prisión. Se declaró culpable y el juez aprovechó, inesperadamente, para reprender a la Administración de Obama y su guerra contra las filtraciones.

El juez Richard Bennett dijo que mantener secretos gubernamentales es importante, pero que a Drake, que tiene 54 años y antes de la filtración fue un funcionario ejemplar, se le había empujado a "un infierno". Ahora es dependiente en una tienda Apple en Washington. El magistrado criticó duramente a los fiscales por haber tardado tres años en presentar cargos contra él y por haber desestimado a última hora los más graves, entre ellos el de espionaje. Fue así porque el juez les pidió pruebas de que la información que había filtrado Drake afectaba a la seguridad nacional.

Los fiscales prefirieron no revelarlas e invalidaron la parte central de su propia acusación. A Drake se le condenó a un año de libertad condicional. "Me preocupa que el próximo objeto de esta caza de brujas no tenga la misma fortuna que yo", dijo Drake después de recibir su sentencia. "Pagué un alto precio por elegir mi conciencia sobre mi carrera".

Menos clemencia recibió el lingüista y experto en cultura hebrea Shamai Leibowitz, de 40 años, que trabajaba para el FBI y fue condenado en mayo de 2010 a 20 meses de prisión por haberle filtrado un documento secreto a un bloguero. Los fiscales no revelaron el contenido de ese cable ni la identidad de su receptor. El juez que lo sentenció, Alexander Williams, calificó su ofensa de "muy grave", a pesar de que no sabía nada sobre el contenido de la filtración. "No sé qué es lo que se divulgó, excepto que se trata de unos documentos, y no sé en qué medida ha amenazado nuestra situación", admitió. Leibowtiz dijo en el juicio que filtró los cables "porque era obvio que suponían una violación de la ley".

Otro caso destacado es el de Jeffrey Sterling, exagente de la CIA. En enero, el Gobierno presentó 10 cargos contra él, acusándole de haber facilitado información clasificada sobre Irán a un reportero de The New York Times en 2006. Con esa información, el periodista James Risen publicó un libro titulado Estado de guerra, sobre las operaciones secretas de la CIA contra Irán y su programa nuclear. En febrero, los abogados de Sterling presentaron pruebas que demostraban que el Gobierno había obtenido información personal del periodista Risen, como sus extractos bancarios. El FBI le pidió en dos ocasiones a este que revelara sus fuentes, a lo que se negó. Finalmente, lograron relacionarle con Sterling, sobre quien había escrito en un reportaje en 2002.