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Alberto Fabra, durante su despedida ayer como alcalde de Castellón / ÁNGEL SÁNCHEZ
El futuro presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tendrá que asumir la herencia que le deja su antecesor, el dimitido Francisco Camps; graves acusaciones de corrupción, una Administración altamente endeudada, un Gobierno prácticamente inactivo y un partido descabezado, el PP regional, del que también tiene que hacerse cargo.
Tras dos días de silencio, de escabullirse a toda costa de la prensa, Mariano Rajoy habló de Francisco Camps. Habló, sí, pero lejos de la presión de Madrid y en un terreno, Andalucía, en el que tiene una oportunidad única de hacer historia en los próximos meses si el PP alcanza el Gobierno en una tierra hasta ahora esquiva.
Los vientos que apuntan a un adelanto electoral llevaron ayer a Artur Mas a poner de nuevo encima de la mesa la contrapartida que pedirá al próximo Gobierno si quiere establecer un acuerdo estable con CiU. El "pacto fiscal", el equivalente al Concierto Económico vigente para el País Vasco y Navarra será la principal reivindicación.
El Gobierno quiso cortar ayer el debate sobre la fecha de las elecciones al reafirmar públicamente su posición oficial de agotar la legislatura hasta marzo para culminar las reformas pendientes. Sin embargo, la decisión definitiva sobre el adelanto a noviembre, previsiblemente el día 27, o el agotamiento hasta marzo, no se conocerá hasta la segunda quincena de septiembre.
La imagen del Gobierno vasco no remonta. Más bien al contrario. La desconfianza en torno a su gestión alcanza ya a casi cuatro de cada cinco ciudadanos (78%) de la comunidad autónoma, según el último Euskobarómetro, el estudio semestral sobre la opinión pública elaborado por la Universidad del País Vasco (UPV).
Jamis, uno de los hijos del coronel Gadafi, tiene más de un millón de euros a su nombre en bancos españoles. Más de la mitad de esta cantidad está en depósitos a plazo fijo y el resto en cuentas corrientes. Jamis estudiaba en el Instituto de Empresa de Madrid cuando empezó el conflicto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz la retirada del procesamiento por colaboración con organización terrorista a los tres mandos policiales imputados en el caso Faisán. Cree que los jefes policiales procesados por un supuesto chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún no tienen ninguna afinidad con la banda terrorista.
El valor de las viviendas o fincas propiedad de los diputados y senadores no aparecerá en las detalladas declaraciones de bienes, rentas y patrimonio de los parlamentarios que se publicarán a partir de septiembre, sino la clase de inmueble, sus características y ubicación provincial.
Las seis columnas del 15-M que llegaron a Madrid por diferentes rutas (casi una veintena) buscaron ayer un sitio donde pasar la noche. Estaban cansados del viaje, que para algunos duró más de un mes. Las asambleas de los barrios madrileños les acogieron a su paso por los municipios de la Comunidad.
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