Sin trampa ni cartón

Antes de que finalice el mes se va a producir la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, integrado por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Presidencia en representación del Estado y las consejerías de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas con la excepción de las del País Vasco y Navarra. En dicha reunión se va a analizar cuál es la situación en la que se encuentran las cuentas públicas de todas las autonomías y se va a fijar la regla de gasto común para todas, a fin de que el Estado español cumpla el objetivo de déficit que tiene comprometido con la Unión Europea en particular y con el resto del mundo en general, ya que los mercados de capitales no tienen fronteras.

No se acaba de entender qué esperan ganar los nuevos presidentes del PP con sembrar la alarma

Nos encontramos, pues, en vísperas de una de las reuniones económicas más importantes, por no decir la más importante, del año en nuestro país. Las máximas autoridades económicas del Estado autonómico van a tener que examinar las cuentas del todo y de cada una de las partes. Y lo van a tener que hacer poniéndose antes que nada de acuerdo en la metodología con que las cuentas habrán de ser examinadas, a fin de que se respete el principio de igualdad de trato. Dado que todos los integrantes del Consejo son expertos y vendrán con el máximo asesoramiento disponible, nadie va a poder dar gato por liebre. Cada palo va a tener que aguantar su vela.

En esa reunión se va a saber cuál es el déficit real del Estado y el déficit real de cada una de las comunidades autónomas, con certificación documental de los interventores generales del primero y de las segundas. Y de esa reunión tendrá que salir la regla de gasto vinculante para todos, a fin de que se garantice el cumplimiento del objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas.

Siendo esto así, no se entiende muy bien que algunos de los nuevos Gobiernos del PP de comunidades autónomas gobernadas anteriormente por los socialistas se hayan dedicado, en algún caso desde antes incluso de la investidura, a denunciar públicamente una situación de déficit en las cuentas públicas mediante documentos que no son respaldados siquiera por la firma de quien se supone que los ha elaborado y sin ponerse en contacto con los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, con la finalidad de contrastar la información de la que dicen disponer.

Es lo que ha ocurrido, en primer lugar, en Castilla-La Mancha, en la que se ha llegado al extremo de solicitar la "inhabilitación" del anterior presidente de la comunidad. Y es lo que ha vuelto a ocurrir en Cantabria, en la que el nuevo presidente, Ignacio Diego, ha calificado la situación económica de la comunidad como "de tierra quemada".

El Gobierno de Castilla-La Mancha como el de Cantabria y como los de todas las demás comunidades autónomas, tendrá que presentar sus cuentas antes de fin de mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y entonces se podrá valorar mediante la comparación en la que van a ser oídos todos cuál es el grado de cumplimiento/incumplimiento del objetivo de déficit de cada uno y, como consecuencia de ello, qué ajustes se tendrán que hacer en cada comunidad en el futuro.

Las cuentas que valen son las cuentas que cada Gobierno autónomo sea capaz de justificar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que, dicho sea de paso, hay mayoría de consejeros del PP. Ni María Dolores de Cospedal ni Ignacio Diego se van a encontrar en un ambiente hostil. Pero, independientemente de la composición del órgano, no van a poder dar gato por liebre. Cada uno, como todos los demás, tendrá que poner de manifiesto cuál es el problema que tiene, pero tendrá al mismo tiempo que decir qué solución propone para el mismo. Porque eso es gobernar. Identificar problemas y buscar soluciones para los mismos.

La verdad es que no se acaba de entender muy bien qué esperan ganar los nuevos presidentes del PP con tanta prisa en sembrar la alarma con documentos sin firmar sobre las cuentas públicas de sus comunidades, cuando antes de finales de mes se va a saber cómo están las de todas y, en consecuencia, cómo están las suyas en comparación con las de las demás. Con las de las comunidades hasta ahora gobernadas por el PSOE, pero también las gobernadas por el PP. ¿Por qué no esperar a tener el cuadro completo? ¿Han pensado por algún momento que de esta manera se van a exonerar de algún tipo de responsabilidad en la acción de gobierno? ¿O que van a poder trasladar a sus antecesores la responsabilidad de las decisiones que ellos adopten en el futuro? Los Gobiernos no se pueden aceptar, como las herencias, a beneficio de inventario.