El Parlament consagra los recortes

El Gobierno de Artur Mas logró ayer sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para este año, que consagran los recortes de gasto del 10% que han suscitado malestar entre trabajadores y usuarios de los servicios públicos, sobre todo sanitarios, y que ayer motivó una nueva manifestación de los indignados. Bastó la abstención del PP para que el Parlament aprobara las cuentas catalanas con los votos a favor de CiU y del diputado Joan Laporta. Los partidos de izquierdas, en cambio, rechazaron el proyecto. A pesar del ajuste de 2.860 millones de euros, lo que retrotrae el gasto a niveles de 2007, Cataluña duplicará el objetivo de déficit del 1,3% del producto interior bruto que han pactado las comunidades.

Los ajustes retrotraen el gasto de la Generalitat a niveles de 2007

El PSC critica que las cuentas son "socialmente inasumibles"

El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, definió los Presupuestos de este año como "excepcionales" por el duro recorte que afecta a todas las áreas. Las más perjudicadas son las de competitividad empresarial y obras públicas, pero también han sufrido el tijeretazo la sanidad, la educación y los servicios sociales. Prueba de ello son los cierres de servicios de urgencias nocturnos y los despidos en hospitales concertados. Y a pesar de la excepcionalidad de las cuentas de este año, los recortes seguirán en 2012, para situarse dentro los objetivos de déficit acordados.

El esfuerzo del Gobierno se centra casi exclusivamente en el recorte de gasto. El Ejecutivo de Mas ya decidió prescindir de los ingresos por el impuesto de Sucesiones, que solo gravaba a las grandes fortunas tras la reforma del tripartito, y no podrá contar con el anticipo de los 1.350 millones del fondo de competitividad tras la negativa del Ministerio de Economía. Tampoco llegarán a tiempo, según Mas-Colell, los 120 inmuebles que ahora son titularidad de la Seguridad Social y que pasarán a manos de la Generalitat en unos seis meses, de forma que los Presupuestos solo incluyen unos 400 millones procedentes de privatizaciones.

Como ya sucedió en el pleno en el que se dio luz verde a la tramitación del proyecto de Presupuestos, el PP exhibió ayer "responsabilidad" y CiU se la agradeció en varias ocasiones. El diputado popular José Antonio Coto reivindicó para su partido propuestas que permitirán, según dijo, preservar "la sanidad y educación universales", a pesar de que no evitarán los recortes a los que el PP se opuso.

Sin embargo, el diputado de ICV-EUiA Joan Boada replicó que el "negocio" del PP ha consistido en abstenerse a cambio de alcaldías y carteras en la Diputación de Barcelona. Boada se valió de la expresión comité del dolor, que ha popularizado el Premio Nobel de Economía Paul Krugman para embestir contra economistas y políticos neoliberales, y calificó a CiU de "fanáticos del dolor". Eso irritó a los nacionalistas. "Si nosotros somos fanáticos y esto nos lo dicen ustedes, que Dios le perdone y los ciudadanos también", le contestó el convergente Antoni Fernández-Teixidó.

Socialistas y republicanos, en cambio, se emplearon en retratar la alianza entre CiU y el PP al recordar que ambos tendieron la mano a los nacionalistas para sacar adelante las cuentas. La diputada del PSC Rocío Martínez-Sempere aseguró que los Presupuestos son "inasumibles para quien tenga una mínima sensibilidad social" y reprochó a CiU que no haya aceptado "ni una" de sus 514 enmiendas, mientras que Sergi de los Ríos, de ERC, recalcó que el Gobierno solo trate de reducir el déficit recortando el gasto.Por la tarde, apenas unas horas después de la dura crítica que el PSC acababa de hacer a los Presupuestos de la Generalitat, los diputados socialistas votaron a favor de tramitar con urgencia la primera de las tres leyes ómnibus, llamada de Simplificación y Mejora de la Regulación. Ese texto modifica 32 leyes y dos decretos y disuelve seis organismos o entidades.

La diputada socialista Laia Bonet se jactó en varias ocasiones de que el PSC había evitado con su apoyo el decretazo que pretendía CiU. "El PP ya había dado el sí", dijo. "Teníamos un Parlamento silenciado y ahora habrá cinco debates", añadió, pues a esas tres leyes han de sumarse también la de urbanismo y la de medios de comunicación de la Generalitat.

El más contundente en contra de las leyes fue el diputado de Iniciativa Salvador Milà, quien recordó el "efecto devastador" y la "ofensiva neoliberal y destructora" que tendrán las reformas. El único objetivo, dijo, es desmantelar la obra de gobierno de los dos tripartitos, entre 2004 y 2010. Milà incluso citó al expresidente de la Generalitat José Montilla, quien en su día definió la ley ómnibus como un ataque a la "arquitectura social" de Cataluña en una carta que envió a la militancia.

Así, Milà aseguró que las leyes abundarán en los recortes en servicios públicos como la sanidad y la enseñanza y desmantelan la política de vivienda que hizo la izquierda, entre otras consecuencias. También recordó que suprime el control del agua con la absorción de la empresa Aigües Ter-Llobregat, reduce a la mínima expresión los avances en la recuperación de la memoria histórica y disminuye la protección del Parque Nacional del Cap de Creus.

La vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, Joana Ortega, defendió el texto por los efectos de simplificación administrativa y agilización de procesos que tendrá, algo en lo que se mostraron a favor todos los grupos. Entre otras cosas, el texto reconoce como agente de la autoridad a los vigilantes que patrullen en los transportes públicos y suprime la Agencia Catalana de Seguridad Industrial.