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El PP cuestiona que la Justicia sea autonómica

Murcia y Castilla-La Mancha rechazan asumir esta competencia y Madrid estudia devolverla

La crisis económica y el cambio de color político en la mayoría de las comunidades tras el 22-M -el PP ya gobierna en 14 de las 17 autonomías-, ha reabierto el debate sobre el Estado de las Autonomías. Tres comunidades del PP plantean que la Justicia, una competencia que absorbe muchos recursos y da escaso rédito electoral, no debe ser autonómica: Murcia y Castilla-La Mancha rechazan asumir su gestión y Madrid se plantea devolverla.

Los populares dieron un primer paso en este sentido al señalar la grave situación de las cuentas autonómicas, de la que responsabilizan al PSOE, para justificar futuros recortes de servicios regionales. Ahora varias comunidades gobernadas por el PP piden rebajar las competencias autonómicas que más merman sus arcas en plena crisis.

"No son tiempos de mudanza", justifica Cospedal para rechazar la gestión

Murcia y Castilla-La Mancha -dos comunidades señaladas por el Gobierno central porque ya en marzo habían utilizado el grueso del margen de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda para todo 2011- se han escudado en la crisis para no tener que asumir ahora las competencias en materia de Justicia, pese a que éstas van acompañadas de más dinero para las arcas regionales. E incluso la Comunidad de Madrid, una de las que mejor han cumplido los objetivos de déficit en 2011, se plantea renunciar a esas competencias, que tiene desde hace ocho años.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ya lo sugirió el 8 de julio, cuando en una conferencia en FAES pidió un pacto de estado entre PP y PSOE para recortar competencias autonómicas. Allí se le unió la nueva presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

"Yo he multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos años, sin que eso haya supuesto más eficacia en la gestión", justificó Aguirre. Desde entonces, su Gobierno ha dado otros pasos en esa dirección. La nueva consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha creado una comisión mixta con el Tribunal Superior de Justicia, que debe elaborar una radiografía de la situación antes de octubre. El objetivo es "hacer una reflexión sobre porqué la importante aportación en recursos materiales, tecnológicos, humanos y presupuestarios realizados por el Gobierno autonómico no han visto un reflejo en las expectativas de los ciudadanos respecto a la Justicia", explica la consejera. Esto permitirá al Gobierno madrileño decidir este otoño si puede solucionar la situación o si debe plantear al Ejecutivo de Zapatero la devolución de la gestión. En ese caso, deberá, además de lograr un acuerdo con él, reformar el Estatuto de Autonomía, donde están establecidas las competencias y necesitará de la oposición (ahora el PSOE) para alcanzar la mayoría necesaria.

Esta comunidad ya tuvo que paralizar el año pasado la Ciudad de la Justicia, un macroproyecto de 15 majestuosos edificios, que tenía previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede, por falta de fondos para sufragar las obras.

Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), ha decidido aparcar el traspaso de Justicia, que debía sellarse el 31 de julio, hasta que amaine la crisis, según reveló ayer el diario La Verdad. La situación financiera autonómica, con una deuda de 2.106 millones de euros (7,4% del PIB regional), explican el frenazo, según el Gobierno murciano, pese a que estaba previsto el trasvase de 70 millones. Valcárcel no puede culpar al Gobierno anterior de la situación económica, como han hecho este último mes algunas de las nuevas comunidades gobernadas por el PP, porque lleva 16 años al frente de la región. Pero Murcia no está nada boyante, aunque solo admite pagos pendientes a proveedores por valor de 1.000 millones, la mitad de lo que denuncia el PSOE, allí en la oposición.

También la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que además es la secretaria general del PP, anunció ayer que no es el momento "más apropiado" para consumar el traspaso de las competencias a su comunidad. "Teniendo en cuenta la situación económica del país y de Castilla-La Mancha, este proceso va a tener que ir en sus tiempos", afirmó. "No lo descartamos, pero no son tiempos de mudanza".

Castilla-La Mancha no gestiona aún esta materia porque el expresidente socialista José María Barreda no logró cerrar un acuerdo económico con el Gobierno Central para asumirla. En el contexto de precariedad económica que ha denunciado la nueva presidenta manchega tras el 22-M -más de 7.455,7 millones de euros de deuda y 2.606,7 millones de euros en facturas y obligaciones pendientes-, aumentar las competencias, que van unidas al mantenimiento de sedes judiciales, funcionarios y otros capítulos de gasto, supone reducir aún más el presupuesto regional. Además, cuando apenas quedan ocho meses para las elecciones generales, si es que no hay adelanto, Murcia y Castilla-La Mancha prefieren esperar para mejorar las condiciones del traspaso, ya que previsiblemente tendrían que negociar con un Gobierno de su propio partido.

La descentralización

- El proceso de descentralización de las competencias de Justicia se inició en 1988 con el País Vasco. Le siguieron Cataluña (1990), Galicia (1995), Comunidad Valenciana (1996), Andalucía (1997), Navarra (1999), Madrid (2003), Asturias (2006), Cantabria (2008), y La Rioja (2011)

- Baleares, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Extremadura, y Murcia no disponen de los traspasos.

- Murcia, que preveía asumir las transferencias de Justicia el próximo 31 de julio, no lo hará. El traspaso le supondría a las arcas regionales un coste anual de 70 millones de euros, el pago inicial de 5,5 millones y la creación de una oficina judicial.

- El mayor número de litigios se dio en 2010 en Andalucía (230 causas por juzgado al año), seguida de Madrid (223), Canarias (212), Murcia (207), Comunidad Valenciana (207), Baleares (205) y Cantabria (200). Los tribunales de La Rioja (136) y el País Vasco (141) registraron el menor número de pleitos.

- Los juzgados más sobrecargados en 2010 fueron los de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Los menos, País Vasco, Aragón y Navarra.

- Los juzgados de lo Penal más congestionados fueron los de Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone la creación de 432 nuevas plazas para tratar de solucionar la saturación de los juzgados españoles. 122 de ellas en Andalucía, 59 en Cataluña, 51 en Madrid y 63 en la Comunidad Valenciana.

- En 10 años, los asuntos en los Juzgados de Primera Instancia, Social, Mercantil y Contencioso-Administrativo se han incrementado en un 150%. Los jueces, en cambio, solo han crecido un 21%. Se ha pasado, de 3.917 en 1999, a 4.711 en 2010 para una entrada de millones de asuntos al año. Esta situación de desequilibrio ha sido denunciada por las asociaciones de jueces.

- La Generalitat valenciana renunció en junio a abrir 15 nuevos juzgados pese a tener transferidas las competencias y a ser la segunda comunidad con más necesidades judiciales (cada juzgado registra una entrada de 1.500 asuntos, cuando el CGPJ recomienda 950, y asume una carga de trabajo que supera el 70% de lo recomendado). La comunidad necesita 63 juzgados, según el máximo órgano de gobierno de los jueces.

- En España hay 4.700 jueces y magistrados en activo, con una antigüedad media de 17 años y una edad media de 50 años. El 51,65% son hombres y el 48,35% mujeres.

- En 2100 se dictaron 1.659.195 sentencias, un 2,2% más que en 2009.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de julio de 2011

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