La renuncia a un pilar básico

La reforma laboral puso deberes al Gobierno y a los agentes sociales. Al primero, le dio un año para desarrollar un fondo que financiara los despidos, lo que se conoce como el fondo austriaco, y unos meses para regular la llegada de las agencias privadas de colocación. A los segundos, les fijó unos meses para que pactaran la reforma de la negociación colectiva, transcurridos los cuales el Ejecutivo actuaría. Doce meses después, ninguno ha cumplido.

La creación de una hucha para cada trabajador que financiara su despido llegado el caso y sirviera también como un plan de pensiones nació herida de muerte, porque estaba condicionada a no aumentar las cotizaciones sociales a los empresarios. El Gobierno constituyó una comisión de seis expertos que debía plantear opciones para crearla y calcularon que el proyecto requería 7.500 millones al año, lo que equivale a tres puntos de cuotas a la Seguridad Social. Ante esta conclusión, el Gobierno ha renunciado a seguir adelante con la iniciativa. "No es el momento de plantear ese fondo", acepta Mari Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo.

Jesús Cruz Villalón, de la Universidad de Sevilla, se alegra: "No era más que un primer paso para transformar el sistema de pensiones de reparto actual, en uno de capitalización

[un fondo de pensiones puro y duro]. Además, suponía cambiar todo el esquema laboral español. Implica renunciar a que el empresario tenga que justificar las causas de un despido y denunciar un convenio de la OIT".

Respecto a la reforma de convenios, el Gobierno tuvo que legislar por falta de pacto. La herida de esta medida es que quienes tienen que llevarla a las empresas no se sienten concernidos por ella.

Los cambios que ha impuesto el Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva son de calado, tanto que en el caso del arbitraje obligatorio hay serias dudas sobre la constitucionalidad de la medida. El decreto ha fijado un límite temporal de entre ocho y 14 meses para pactar los convenios, de lo contrario las partes tendrán que acudir a un mediador y un árbitro para deshacer el conflicto. Y ha puesto los cimientos para que se eliminen los convenios provinciales, al dar prioridad a los de empresa y a los estatales y autonómicos.