Medidas que alivian, pero no curan

"Los acuerdos del Gobierno son miserables y engañosos porque no suponen ninguna ayuda para las familias hipotecadas"."El Gobierno garantizará que la subasta del bien hipotecado no dé lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien". La primera frase se puede leer en un comunicado publicado el viernes por la asociación de consumidores Adicae. La segunda la pronunció unas horas antes el viernes el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba tras un Consejo de Ministros que aprobó una iniciativa para ayudar a los que no pueden pagar su hipoteca.

Entre ambos extremos, los expertos consultados creen que el Gobierno ha dado un paso adecuado, pero que hacen falta más medidas si de verdad se quiere aliviar la situación de 94.000 familias que el año pasado vivieron en su propia casa el proceso de una ejecución hipotecaria. Esta cifra supone casi cuatro veces más que en 2007, al inicio de la crisis.

El BBVA pide que las presiones populistas no perjudiquen el mercado hipotecario

El Congreso rechazó la dación en pago propuesta por IU-ICV, ERC y BNG

El acuerdo más importante adoptado el viernes por el Ejecutivo consiste en reservar una parte mayor del sueldo que en ningún caso podrá ser embargado, que pasa de 700 a 961 euros. Además, el banco que se quede con una vivienda por impago tendrá que adjudicarla por un importe de al menos el 60% de su valor de tasación, con lo que se reduce la deuda pendiente que arrastra todavía el antiguo propietario del piso. "La primera decisión me parece muy positiva. Puede ayudar a que la persona afectada se recupere a medio plazo de la insolvencia. La segunda, en cambio, la veo inocua, porque se mantiene la parte más importante de la deuda que queda tras subastar la vivienda", sostiene el abogado José María Marqués Vilallonga. En este punto coincide con otros expertos consultados, que reclamaban que el banco nunca pudiera quedarse con la casa por menos del 70% o el 80% de su valor de tasación, y no el 60%, como ha decidido el Gobierno.

Es importante señalar que el aumento de la parte inembargable del sueldo hasta 961 euros -el 150% del salario mínimo interprofesional- no supone que el que banco se pueda quedar con todo el resto del sueldo de aquel al que le han ejecutado la hipoteca. Un mileurista embargado, por ejemplo, puede estar seguro de que se le va a respetar casi todo su sueldo, mientras que la entidad financiera que quiera cobrar su deuda con alguien que gane 2.500 euros aspirará a detraerle entre 500 y 1.000 euros al mes. El abogado experto en insolvencias Marqués Vilallonga considera necesario que el Estado asegure a los afectados que el dinero que consigan ahorrar gracias al aumento de la parte inembargable tampoco será embargado, así como los intereses que esas cantidades generen. "Así nos encaminamos a la doctrina implantada en la mayor parte de Europa y de EE UU, que pretende contribuir a que una insolvencia concreta no suponga una condena a la exclusión social", añade. Mientras que algunas asociaciones de consumidores consideran beneficiosas pero insuficientes las reformas gubernamentales, otras como Adicae exigen la paralización inmediata de los embargos. Según sus cálculos, esto costaría entre 300 y 500 millones de euros, "una cantidad asumible por el Gobierno".

El pleno del Congreso también rechazó una propuesta presentada por el grupo parlamentario de IU-ICV-ERC y por el BNG para permitir a los acreedores saldar la deuda a cambio de entregar la vivienda hipotecada. Esta figura, conocida como dación en pago, se ha convertido en el caballo de batalla de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña y de grupos vinculados al movimiento 15-M. Catedráticos como José García Montalvo o Joaquín Maudos no comparten esta reclamación. Los argumentos en contra van desde la inseguridad jurídica que crearía cambiar las condiciones de contratos ya firmados hasta las repercusiones negativas que tendría por el encarecimiento de las hipotecas que se concedieran hasta ahora, pasando por la injusticia de que el Estado se haga cargo de las pérdidas ocasionadas en personas privadas que tomaron libremente la decisión de endeudarse para convertirse en propietarios.

Pese a que las reformas que ha emprendido el Gobierno no suponen una agresión directa a la banca -hasta tal punto que la propia patronal bancaria proponía antes de que se anunciaran algunas de las iniciativas aprobadas-, alguno de los grandes del sector ya ha respondido. El consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, habló sobre el tema el pasado miércoles, un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara en el debate del estado de la nación que apoyaría a los deudores hipotecarios. El número dos del BBVA admitió al Gobierno que responder a "las presiones populistas" está bien, pero siempre que no se estropee un mercado hipotecario como el español, que es una "referencia internacional". Cano añadió que, sin seguridad jurídica, aumentaría la desconfianza, lo que repercutiría sobre los costes de las hipotecas, hasta "tener que irse a diferenciales de 200 y 300 puntos básicos".