La fiscalía interrogará a médicos y monjas por casos de niños robados

La Fiscalía de Madrid tiene previsto llamar a declarar a médicos, enfermeras y monjas por las 150 denuncias presentadas por supuestos casos de robo de bebés en la comunidad para averiguar si hay indicios de delito. Lo explicó ayer el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, quien se reunió con otros nueve fiscales y el responsable del ministerio público en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, para estudiar los casos denunciados en Madrid. En total, el ministerio público investiga 849 posibles robos de bebés cometidos en toda España entre 1959 y 1990, de los que 162 han llegado a manos del juez por "indicios delictivos". Otras 38 denuncias han sido ya archivadas.

"Que expliquen por qué aquel cadáver era tan grande", dice un denunciante

El fiscal jefe de Madrid citará a declarar a los médicos, monjas y enfermeras que trabajaron en los hospitales citados en las denuncias -San Ramón, Santa Cristina, O'Donnell, Casa de la Madre y La Paz- en las fechas facilitadas por los denunciantes. "Pueden acogerse a su derecho a no declarar o incluso no recordar lo que ocurrió después de tanto tiempo, pero no vamos a dejar ninguna posibilidad de investigación abierta. Debemos dar una respuesta a las víctimas, aunque no sea penal, sí al menos social", agregó.

Entre los médicos y monjas presuntamente implicados y señalados directamente por los denunciantes figuran los nombres del doctor Eduardo Vela, de 77 años, que sigue ejerciendo en una clínica privada, y sor María Gómez Valbuena, que actuó tanto en San Ramón como en Santa Cristina.

Ángel Casero, uno de los denunciantes, estaba ayer "muy contento" por la decisión de la Fiscalía de Madrid. "Lo que queremos es saber la verdad, que estas personas respondan a las preguntas que nos llevamos haciendo tanto tiempo: ¿por qué durmieron a mi madre durante el parto? ¿Por qué estaba tan frío y era tan grande aquel cadáver de bebé que le enseñaron a mi padre...?

Ángel declaró en la fiscalía de Madrid el pasado 11 de marzo. En su caso, cree que los médicos y monjas de la clínica Casa de la Madre robaron a su hermano en 1967. "Aquel era el decimocuarto hijo que tenía mi madre". Ángel cree que aquellos médicos y monjas decidieron que ya tenía bastantes.

El fiscal jefe de Madrid insistió ayer en que resolver muchos de estos casos será muy difícil porque los bebés supuestamente muertos al nacer fueron enterrados en tumbas, que pasado el tiempo pasaron a osarios o fosas comunes, por lo que resulta "casi imposible" saber si realmente el recién nacido había fallecido o se vendió a otra familia.

"Algunos casos tendremos que dejarlos por falta de documentos y porque no hay verdadera constancia de lo que pasó, ya que solo existen certificados de defunción de bebés", admitió.

La Fiscalía de Madrid baraja la existencia de tres posibles delitos en estas denuncias: falsedad en documento público -al inscribir a los bebés con nombres distintos de los reales y como hijos biológicos de mujeres que no eran sus madres-, sustracción de menores y detención ilegal. Este último plantea un dilema a los denunciantes ya que se imputaría a los padres adoptivos, y sus hijos, pese a estar buscando a su familia biológica, no desean emprender acciones legales contra ellos.

El fiscal jefe de Madrid aseguró que esos delitos prescriben a los cinco años, pero añadió que en el caso de la detención ilegal "hay profesionales que entienden que se trata de un delito permanente. Hay que estudiar mucho cada caso".

Esteban se reunirá la semana próxima con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, antes de determinar qué casos deben pasar a un juzgado. "Queremos que haya unidad de acción de todas las fiscalías. No tendría sentido que unas provincias abrieran un procedimiento legal y otras lo archivaran por esa falta de criterio único", agregó Esteban.