Nadie se engañe

Los jerarcas cristianos hacen política desde que Constantino los encumbró a la categoría de religión del imperio romano. Desde entonces, no han hecho otra cosa que intentar dirigir la acción de las personas o los Estados, unas veces con la disculpa de la salvación de las almas, casi siempre para acrecentar poder o influencia, y también para frenar o estorbar la libertad de pensamiento. Por ese camino, lograron aposentar en Roma a su pontífice, con un poder que habría de convertirle muchas veces en perseguidor (pese a haber labrado su prestigio como perseguido). Ahí persiste, pese a haber perdido hace 150 años los llamados Estados Pontificios. Benedicto XVI aparece ante el mundo como el jefe del Estado de la Santa Sede. Es decir, un político.

En España, el embajador del Papa es el decano del cuerpo diplomático y los obispos tienen un poder que nunca tratan de esconder (al contrario, se esfuerzan en que se sepa que mandan). Ha habido cardenales regentes, frailes validos o confesores de reyes, obispos procuradores en Cortes... Y abundaron curas diputados, senadores, alcaldes o concejales. Tampoco han faltado eclesiásticos mandando en los partidos y en los sindicatos.

El cardenal Tarancón cuenta en sus memorias que, cuando los dirigentes episcopales iban a ver a Franco para negociar con el dictador cargos o concesiones, "Franco hablaba de religión y los obispos, de política". El jefe de Estado nacionalcatólico incluso llamó a capítulo a los prelados antes de la clausura del Concilio Vaticano II para instruirles sobre cómo debían oponerse a la proclamación de la libertad de conciencia, que iba a hacer saltar por los aíres el catolicismo de cruzada.

Pero una cosa es hacer política cristiana (la política del no, casi siempre) y otra que persistan concejales de izquierdas. La norma canónica prohíbe a los sacerdotes "aceptar cargos públicos". Tampoco pueden "participar activamente en partidos políticos o en la dirección de asociaciones sindicales". Lo dice el Código de Derecho Canónico. Pero la Constitución está por encima del derecho romano, y la participación política es un derecho fundamental.

En el caso del sacerdote Fernández Blanco, la letra romana se cumple a rajatabla. Deberá dejar de ser concejal del PSOE. Otras veces no ha sido así, y hay ejemplo en la diócesis de Orense, donde el cura Julio Rodríguez ha sido concejal en Castrelo do Val entre 1991 y 1995 como portavoz del PP y su cabeza de candidatura, y entre 1995 y 1999 como simple edil. La cuestión, por tanto, es ideológica y conservadora (o sea: política). Nadie se engañe.