La oposición argentina destapa la elevada inflación que sufre el país

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no ha conseguido evitar, ni con multas ni con amenazas, que se difundan los datos sobre la inflación que elaboran varias consultoras privadas y que, desde hace mucho tiempo, no coinciden, ni por asomo, con los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Diputados de prácticamente todos los grupos de oposición acordaron ayer hacer pública, desde la misma Cámara, una media ponderada de los índices elaborados por esas consultoras amenazadas. "Veremos si a nosotros también se nos quiere multar", desafió la diputada de Coalición Cívica, Patricia Bullrich. El jefe de Gabinete de la presidenta, Aníbal Fernández, por su parte, acudió inmediatamente a Twitter para calificar el anuncio de "mamarracho".

Los últimos datos "privados" indican que la inflación real fue en mayo pasado del 1,5%, con un acumulado interanual del 23,5%, mientras que el INDEC anunció ayer que en mayo fue solo del 0,7% y el interanual se situó en el 9,7%.

La batalla por controlar la difusión de los índices de inflación que elaboran al menos ocho consultoras privadas alcanzó su peor momento hace dos meses, cuando la Secretaría de Comercio que dirige Guillermo Moreno, a la que la oposición acusa de haber "intervenido" el INDEC, anunció multas de medio millón de pesos (unos 85.000 euros) para cada una, en virtud de una ley que regula la lealtad comercial. Moreno, a quien se considera culpable del total descrédito en que ha caído el Instituto de Estadística, amenazó con estudiar sanciones penales si continuaban con su actividad. Las consultoras acudieron a la oposición para encontrar una nueva manera de hacer llegar a las empresas y a la opinión pública, sin un coste tan enorme, los datos de la "inflación real".

Los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión optaron por hacer un promedio de las distintas estimaciones "privadas", que son, aseguraron, muy coincidentes, y evitaron dar los nombres de las consultoras que participan en el nuevo índice, a fin de impedir represalias oficiales. Los diputados aclararon que no defienden una u otra metodología estadística, pero que consideran que las estimaciones de estas empresas son "más confiables" y respetables que las del INDEC. Los datos oficiales, mantienen los parlamentarios, no coinciden tampoco con los índices de precios al consumo que elaboran organismos estadísticos de muchas provincias, más coincidentes con los de las empresas privadas.

El IPC elaborado por el INDEC argentino no es aceptado tampoco por los sindicatos, incluso por los más próximos al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que negocian sus convenios y acuerdos con subidas salariales similares a las calculadas por las consultoras sancionadas.

El Gobierno ha admitido indirectamente los problemas que le plantea la falta de credibilidad del INDEC, porque distorsiona, con vistas al exterior y a los organismos internacionales de crédito, los datos sobre el crecimiento económico real y sobre los presupuestos nacionales. El hecho de que la inflación argentina pueda rondar en 2011 entre el 25% y el 30% es especialmente preocupante porque los dos principales vecinos, Chile y Brasil, rondarán el 3% y el 6%, respectivamente.