Motivos de indignación

Mientras Cataluña aguarda el cuerno de la abundancia del nuevo pacto fiscal, el ruido de tijeras pone banda sonora al día a día y acompaña los lamentos de una sufrida ciudadanía, que indignada o no, ve mermar su bienestar. Los recortes del Gobierno catalán -inexorables, asegura la ortodoxia de la UE, en la carrera para superar el déficit- se llevan por delante posibilidades reales de equidad para los más débiles, en un contexto social en el que el paro juvenil supera el 40%.

En esa dura cotidianeidad hay mucho opinador que perplejo se pregunta por qué entre los acampados en la plaza de Cataluña no ha cuajado la agenda nacionalista. Algunos encuentran razones en el pasado, prefieren viejas recetas y aseguran que la negra pezuña de la extrema izquierda de los setenta se ha abierto camino entre los indignados. Sería pues la venda del prejuicio la que impediría a tanto refractario acampado ver que tiene la panacea al alcance de la mano, primero con el pacto fiscal en el marco de un soberanismo difuso. Con tan sugestivo futuro, ¿cómo es posible que alguien en Cataluña sea capaz de sustraerse a un discurso que hunde sus raíces en la realidad de unas balanzas fiscales claramente desfavorables y en un sistema de financiación que muestra su endeble normativa a la hora de lograr los fondos de competitividad?

Los soberanistas señalan el cuerno de la abundancia del pacto fiscal mientras que con la ley ómnibus zurran al eslabón social más débil

Para ahorrar paseos en el tiempo, una posible respuesta hay que buscarla en el pasado viernes: el mismo día que en el Parlament echaba a andar la comisión sobre el pacto fiscal, trascendían las consecuencias de la ley ómnibus del Gobierno de CiU, un texto de con más de 600 artículos que lleva consigo una ración de recortes más que notable. ¿Puede sorprender la desafección de los indignados a ver el camino del cielo que muestran los apóstoles del soberanismo con una mano, mientras con la otra zurran al eslabón más débil de la ciudadanía? La receta de que con pacto fiscal no habría recortes sociales no satisfaría por la vía empírica a ciudadanos de países con plena soberanía como Irlanda, Grecia o Portugal, que han sido intervenidos para salvar a los bancos. Ni para las naciones con Estado, ni para las que no lo tienen sirve la fórmula -a pesar de su reiterado fracaso, de gran moda gestual- de renacionalizar la vida política, entre otras cosas porque la vida económica está desnacionalizada.

Todas estas observaciones son visibles desde la acrisolada óptica socialdemócrata o incluso democristiana europea de la época de la Guerra Fría, sin necesidad de recurrir al mayo francés ni de buscar explicaciones en el mundo de la extrema izquierda de la transición. Desde luego, bajo ese punto de observación es bien visible la intencionalidad de las medidas contenidas en la ley ómnibus o en la de acompañamiento presupuestario que proyecta el Gobierno catalán. Se congela la ley de barrios, se flexibiliza la reserva de suelo para construcción de vivienda protegida, se privatiza parte de la actividad quirúrgica en los hospitales públicos, se exime de la declaración de impacto ambiental durante seis meses a las empresas que inicien su actividad, se exige el empadronamiento de seis meses para ser atendido por la sanidad pública, se recorta en un 75% la ayuda a las familias. Y eso sí, para que no haya fuga de capitales a Valencia o Madrid, se suprime el impuesto de sucesiones. Es cierto que esta última medida solo supone dejar de ingresar 50 millones de euros este año, cantidad débil económicamente, pero ideológicamente poderosa. Y ya que las comparaciones son odiosas, motivo de más para afirmar que esos 50 millones suponen prácticamente el montante de la partida de la Ley de Barrios para este año de saldo y finiquito.

Los indignados que acampan y los que habitan en el mundo del tresillo tienen más motivos para fruncir un poco más el ceño. Y ahí va otro más: cuando toda esta información de nuevos recortes trascendió, la oposición se preparaba para un merecido descanso de fin de semana. Salvo alguna digna excepción, nadie había buceado en el texto que se avecina con sus más de 600 artículos. Solo el Gobierno, ese que señala el futuro soberanista con una mano, había hecho sus peculiares deberes con la otra.