Mas lanza su 'contrarreforma'

Contrarreforma por la puerta de atrás. El Gobierno de Convergència i Unió ha pisado el acelerador para desmantelar la herencia del tripartito que ha gobernado la Generalitat los últimos siete años. Dos leyes, la de acompañamiento de los Presupuestos y una difusa ley ómnibus de simplificación administrativa son las herramientas que piensa utilizar el ejecutivo de Artur Mas para hacerlo.

Con la primera el presidente catalán gana poder en un área estratégica como es la contratación de la Generalitat y de los municipios. Con la segunda se desmantelan leyes básicas del tripartito como la que obligaba a construir unos mínimos de vivienda social o a invertir en los barrios más deprimidos. En total, se reformarán un centenar de leyes con solo dos votaciones. Además, los afectados por la ley ómnibus tienen una sola semana para presentar alegaciones.

El Gobierno inicia reformas de gran calado con dos 'leyes paragua'

El periodo de alegaciones será de solo una semana

El argumento utilizado por el Gobierno es que la situación económica requiere "agilizar" la Administración y suprimir organismos inútiles. Efectivamente, la ley lo hace, pero también aprovecha para modificar asuntos que difícilmente tendrían apoyo social de debatirse una a una. Por ejemplo, después de anunciar el cierre de numerosos quirófanos y camas en hospitales públicos, el Gobierno permitirá alquilar estas instalaciones a empresas de sanidad privada. También se aprovecha para desproteger zonas incluidas en parques naturales como el del Cap de Creus. En el terreno sanitario y, alegando la pésima situación económica de la Generalitat, el Gobierno también limitará la atención sanitaria a las personas que lleven menos de seis meses empadronados, lo que amenaza con abrir un rosario de recursos jurídicos contra el Ejecutivo de CiU.

La ley ómnibus se encuentra en fase de anteproyecto. La oposición está especialmente molesta porque el Gobierno la ha puesto a exposición pública de solo una semana, lo que dificulta enormemente la labor de estudiar las consecuencias de los cambios en un centenar de leyes y decretos. Además, su exposición pública coincide en el tiempo con la presentación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en la que también se modifica abundante normativa.

Si el Gobierno de CiU encuentra aliados parlamentarios para aprobar ambas leyes, hasta ahora todo apunta hacia el PP, Artur Mas saldrá muy reforzado. El presidente dirigirá desde el Departamento de Presidencia un tribunal de recursos contractuales de nueva creación que dirimirá en caso de conflicto de adjudicación de servicios. El responsable técnico será un funcionario de alto rango que dependerá del presidente. Hasta ahora la contratación dependía del Departamento de Economía. El organismo no solo dirimirá sobre conflictos que afecten a la Generalitat, sino también en aquellos desencuentros de empresas suministradoras y Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que son la inmensa mayoría en Cataluña. Una ley estatal obligaba a crear este tipo de organismo, pero la Generalitat ha decidido situarlo en Presidencia y no en Economía. Además, ha decidido hacerlo como organismo unipersonal y no colegiado como recomienda la legislación básica.

La oposición está indignada por la rapidez con la que el Gobierno quiere tramitar la ley ómnibus. "Este tipo de leyes están pensadas para modificaciones exclusivamente técnicas y nos encontramos con que se están modificando prestaciones sociales y organismos básicos", lamentó ayer la diputada de Iniciativa Laia Ortiz. La socialista Laia Bonet también considera "totalmente inapropiada" la actuación del Gobierno. "La rapidez y las pocas ganas de negociar son síntomas de prepotencia", aseguró.