Ni una sanción en los 13 municipios prohibicionistas

El veto al burka parece cumplirse a rajatabla en España: nadie ha visto un velo integral -burka o niqab- tratando de acceder a alguno de los 13 Ayuntamientos que vetaron el uso de estas prendas en edificios públicos desde que aprobaron la normativa el año pasado. Antes de esa prohibición, precisan los expertos, tampoco se habían visto demasiados.

La medida, estrenada por el Consistorio de Lleida el pasado mayo y replicada en solo dos meses por el resto de municipios -10 en Cataluña, además de Galapagar (Madrid) y Coín (Málaga)-, no ha generado grandes tensiones entre los seguidores del islam. A diferencia de Francia, la prohibición se limita a los edificios públicos -no se extiende a las calles- de localidades de tamaño pequeño o mediano y dispersas entre sí, lo que ha generado protestas aisladas y poco visibles por parte del colectivo musulmán. Los que se manifestaron ofendidos tras la oleada de vetos optan ahora por aguardar la resolución judicial: en Lleida, la asociación musulmana Watani presentó un recurso por presunta discriminación contra el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente la medida en esa ciudad y mantiene abierta una causa que previsiblemente decidirá la suerte del veto en el país.

Los alcaldes se apuntan un éxito; los expertos ven la medida peligrosa

La ausencia de infracciones y sanciones arroja una doble lectura sobre la utilidad de la medida. "Un éxito, evita que el fenómeno del burka vaya a más", asume Benet Jané, alcalde de El Vendrell (Tarragona) que promovió el veto en junio. "La evidencia de que no existe una problemática real con el burka: apenas hay casos. Se ha caído en una demagogia peligrosa que alimenta tensiones", señala el sociólogo y experto del islam en España Jordi Moreras. La entidad SOS Racismo estima que en Cataluña hay menos de 50 mujeres que usan velo integral.

"No se puede comparar la realidad musulmana española con la francesa", advierte Moreras. En Francia la comunidad musulmana, arraigada desde la segunda mitad del siglo pasado, posee mayor penetración y vigor en el ámbito público; y el burka, a su vez, mayor implantación. En España, donde el fenómeno de la inmigración se disparó a finales de los años noventa, el tejido asociativo islámico aún es débil y los expertos definen el velo integral como una excepción que debe combatirse mediante el diálogo.

Pero el veto al burka se implantó sin debate previo: los 13 alcaldes lo impusieron alegando defender la dignidad de las mujeres musulmanas sin siquiera dialogar con las afectadas. Tarragona, epicentro español del islam más conservador, esboza la influencia del veto al burka casi un año después de su aprobación. Cuatro Ayuntamientos de la provincia optaron por esta vía. En Cunit, la única mujer que viste burka sigue sin haber recibido ningún apoyo para que deje de emplear esta prenda. En El Vendrell, de 10 mujeres detectadas que usaban niqab, seis han dejado la localidad tras perder su empleo, otras tres se han pasado al pañuelo y una se niega a abandonar el velo integral. En Reus y en Tarragona, ni se ven burkas en edificios municipales ni los concejales son capaces de recordar si se vieron alguna vez.

Los musulmanes de estas localidades, por su parte, se sienten criminalizados por un veto sobre la que nadie les ha consultado. "En función de su grado de creencia se muestran más o menos molestos. En Marruecos también obligan a identificarse a las mujeres que usan burka, pero no se regula expresamente en contra. Tampoco nadie les ha explicado nada, lo que alimenta una sensación de extrañeza", resume una portavoz de la entidad de El Vendrell Grupo de Mujeres Al-Manar, dedicada a la integración de los inmigrantes.