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La propiedad intelectual, a debate

El canon digital tropieza con la justicia

La Audiencia Nacional tumba las tarifas de la compensación por copia privada - La Unión Europea ya denunció recientemente el modelo español del gravamen

Lo que podría entenderse como un defecto de forma a gran escala ha vuelto a poner sobre la mesa de la ministra de Cultura un dossier de alto voltaje. Tras los muy escabrosos debates generados por asuntos como la orden ministerial que regulaba las ayudas al cine o la ley antidescargas -conocida popularmente como Ley Sinde- llega el turno (vuelve el turno, más bien) del canon digital. El canon, una de las medidas que más capacidad de controversia ha demostrado en el ámbito de la propiedad intelectual, sufrió ayer un varapalo en forma de sentencia emitida por la Audiencia Nacional.

Según la Sala de lo Contencioso del tribunal, la orden ministerial que regula la aplicación de esta tasa que compensa a los creadores por el lucro cesante (es decir, lo que dejan de percibir por la copia privada, una excepción al derecho de autor) estuvo mal pergeñada en origen: los jueces de la Audiencia consideran ahora que hubo trámites legales que no se acometieron durante la gestación de la Orden y de ahí su decisión: anular las tarifas vigentes (de 2008) en la aplicación del canon sobre aquellos soportes que permitan la duplicación y reproducción de obras protegidas por derechos de autor.

La sentencia, recurrible, no entra a juzgar el canon como concepto

El PP reitera que si llega al Gobierno prescindirá de este gravamen

La sentencia, que es recurrible, no supone en modo alguno la muerte legal del canon digital. En ella, la Audiencia no juzga ni el concepto ni la oportunidad en la aplicación de esta remuneración compensatoria aprobada en 2003, y que reciben los creadores culturales de manos de las distintas entidades de gestión de derechos de autor. Lo que hacen los magistrados de la Audiencia es poner en entredicho su tramitación digamos burocrática.

Pero una cosa queda clara: la decisión de la Audiencia solo puede entenderse como un varapalo tanto al Ministerio de Cultura -y a través suyo al Gobierno-, como a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), principal defensora y beneficiaria del canon digital. Además, no es el primer tropiezo del canon con los jueces. Recuérdese cómo, el pasado mes de octubre, una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraba "indiscriminada" la aplicación del canon digital en España. Los magistrados europeos se referían a la mala praxis en cuanto a la aplicación del gravamen a empresas y profesionales.

Ayer, la ministra Ángeles González-Sinde restó importancia a la decisión judicial, asegurando que ésta "en modo alguno" anula el derecho a la compensación por copia privada. "Lo que hace es decir que la orden de 2008, donde se establecen las tarifas y se precisan los procedimientos de compensación, no se tramitó adecuadamente y tiene defectos de forma". En declaraciones hechas durante la reapertura del Museo de El Greco en Toledo, González-Sinde comentó: "El Ministerio ya está trabajando y las partes llevan desde enero reuniéndose; esta orden ministerial había que modificarla en cualquier caso, con lo cual no altera los planes del Ministerio y del sector".

También el Partido Popular terció en la controversia en torno al canon. Su portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados, José María Lassalle, confirmó a este diario que, de ganar las próximas elecciones, una de sus primeras decisiones será la supresión del canon, como viene anunciando el PP. "Para quitar el canon habría que cambiar primero la Ley de Propiedad Intelectual, que nosotros concebimos más como una norma de propiedad creativa. La actual legislación está superada porque se creó para el contexto de los años 90. Hay otras formas de compensar a los creadores e iremos más allá, no solo quitaremos la aplicación indiscriminada del canon, sino que alteraremos el sistema de gestión colectiva de los derechos de autor", explicó Lassalle.

¿Y el mundo de la creación cultural? Pues en un cruce de caminos entre la preocupación, la expectación y la exigencia a un Gobierno que, en materia de propiedad intelectual, viene actuando mucho más mediante la técnica del parche que la del medio/largo plazo. En ese sentido se expresaba ayer Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la patronal de la industria discográfica: "Que se carguen la regulación vigente del canon obligará al gobierno a legislar. El debate no es si hay canon o no, es pedir al gobierno una orden nueva. Ya no se puede mirar para otro lado, hay que tomar decisiones. Confío en que en Cultura e Industria estén pensando en cómo arreglarlo".

El productor musical Carlos Narea salió en defensa del canon, aun con matices: "El canon en sí hay que ajustarlo, porque hay algunos casos más injustos que otros, pero lo que es más injusto es que no se cobre nada. La gente se queja del canon, pero no sabe ni cuánto es. Es una cantidad ridícula. Algo como el canon tiene que existir".

El músico Miqui Puig prefirió poner el acento del problema en otro ámbito, el de las operadoras: "Hasta que no haya una plataforma contra Telefónica y el abusivo precio de Internet en España, todo esto es demagogia pura. Todo el mundo está con la ley y el canon, pero las telefónicas son las que nos están robando".

La decisión de la Audiencia Nacional no pareció pillar de sorpresa al escritor Lorenzo Silva, un autor especialmente sensible a las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en la era digital: "Que el canon es un artefacto jurídico vulnerable es algo que saben incluso sus creadores", explicaba ayer, "de entrada, porque cualquier artefacto jurídico de ese tipo que se cree para ordenar el mundo digital no será más que fruto de aplicar criterios decimonónicos a un mundo complejo, diverso y cambiante". Y añadía: "El canon es solo un parche. Una alternativa es no hacer nada y que los creadores renuncien a sus derechos por copia, pero eso tiene unos beneficiarios y unos damnificados, siempre deja cadáveres. La otra solución es establecer de una forma lo más objetiva posible qué uso es público y cuál no". Por último, el escritor y cineasta Manuel Gutiérrez Aragón, expresidente de la SGAE, se mostró partidario del canon digital "como instrumento esencial en la labor asistencial de muchos creadores que, por la naturaleza de su trabajo, no gozan de ella; sin el canon, esa tarea asistencial está en peligro".

Con información de: Daniel Verdú, Iker Seisdedos, Ángeles García, Rosa Jiménez Cano y Antonio Fraguas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de marzo de 2011