Mas da marcha atrás y mantiene parte del impuesto de sucesiones

El gravamen a los legados aportará 169 millones a las arcas públicas, el 46% menos

La anunciada supresión del impuesto de sucesiones y donaciones se quedará, finalmente, en una nueva reforma. El Gobierno de Artur Mas está ultimando un proyecto por el que solo quedarán exentos de tributar por una herencia los parientes de primer y segundo grado, de forma que el Ejecutivo catalán seguirá ingresando por las donaciones y por los legados que reciban el resto de grados de parentesco. Fuentes del Departamento de Economía y Conocimiento explicaron que, con esta reforma, el Gobierno recaudará 169 millones por sucesiones este año, el 46% menos que con el sistema actual, y cerca de 50 millones por donaciones.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se comprometió tras la reforma tributaria del impuesto, que eximía al 94% de los declarantes de pagarlo, a suprimir el impuesto con efectos retroactivos a enero de 2010 si ganaba las elecciones. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, alardeó la semana pasada de que el impuesto se suprimiría al ser un compromiso electoral. Sin embargo, la reforma que ayer anunció el secretario del Ejecutivo, Germà Gordó, en una entrevista a Europa Press, dista mucho de esa promesa.

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Las herencias de primer grado -entre cónyuges o entre padres e hijos- y las de segundo -entre abuelos y nietos- estarán libres de pagar, pero el resto deberá hacerlo. No queda claro qué ocurrirá con los legados entre hermanos. Si bien Gordó aseguró que ese tramo también desaparecerá, la legislación sitúa esas herencias en el grupo de tercer grado. "El impuesto no desaparece. Lo que desaparece son determinados tramos", aseguró Gordó. Los datos de la Agencia Tributaria indican que más de 9.500 personas seguirán pagando el impuesto.

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Con la medida anunciada por el Departamento de Presidencia -que se ejecutará antes de las elecciones municipales-, el Gobierno conservará parte de los actuales ingresos. La Generalitat esperaba recaudar este año con este impuesto 364 millones de euros (314 millones por sucesiones y unos 50 millones por donaciones). En lugar de eso, ingresará unos 219 millones (169 por sucesiones y 50 de donaciones). Para 2012, la recaudación por sucesiones será de 156 millones, 102 millones menos de lo previsto.

Fuentes de Economía explicaron que la clave está en la bonificación que finalmente decida aplicar el Ejecutivo catalán. Eso se debe a que las comunidades no pueden derogar el impuesto, sino recortarlo a través de bonificaciones, lo que en muchas autonomías ha supuesto su práctica desaparición. Las cifras de ingresos previstas están calculadas de acuerdo con una rebaja del 99% en la cuota que debería pagar el declarante, pero el Gobierno catalán no descarta que esta sea menor, por lo que recaudaría más.

En la práctica, la medida de CiU supone eximir del impuesto a los grandes patrimonios. Con la reforma del tripartito, el 99% de los legados entre cónyuges y el 97,5% de las herencias entre padres e hijos ya quedaron libres de abonar el impuesto. No pasaba lo mismo con los patrimonios de más de un millón de euros, aunque en 2009 solo 529 herencias sobrepasaron esa cantidad.

La marcha atrás en la supresión total del impuesto a la que se comprometió CiU en las elecciones puede satisfacer, en parte, las reivindicaciones del PSC ante la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, puesto que Mas necesita un socio para sacarlos adelante. Los socialistas han condicionado su apoyo a que los nacionalistas respeten la reforma del tripartito.

El mantenimiento de parte de este impuesto también contentaría al Ministerio de Economía justo cuando el consejero Andreu Mas-Colell sigue negociando el plan de ajuste que debe ser aprobado por el Gobierno central. La vicepresidenta económica Elena Salgado reclamó al Ejecutivo catalán que mantuviera ese impuesto ante la misión de reducir el déficit del 3,9% de 2010 al objetivo del 1,3% del producto interior bruto de este año.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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