Mas y Duran chocan por el impuesto de sucesiones

Convergència i Unió (CiU) vivió ayer su primera fricción de peso al frente del Gobierno catalán a propósito de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. El presidente de la Generalitat y líder de Convergència, Artur Mas, hizo bandera durante la campaña electoral con la desaparición total de la tasa, pero su estrecho colaborador y secretario del Gobierno, Germà Gordó, anunció el domingo que las herencias de tercer grado (tíos y sobrinos) seguirán tributando.

La decisión desairó a Unió. Su líder, Josep Antoni Duran, avanzó hace 10 días que el gravamen se eliminaría por completo antes de las elecciones del 22 de mayo. El consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí (Unió), dijo desconocer el plan de Gordó, y exigió cumplir el programa. Tras el revuelo, Mas reiteró anoche que sería fiel a su promesa de que los catalanes reciban un trato fiscal "igual o mejor" que valencianos y madrileños. Mientras, Economía elabora la reforma avanzada por Gordó.

El impuesto de sucesiones amenaza con agrietar la unidad del Gobierno catalán, después de que el secretario general de Unió y actual consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, se haya mostrado hoy contrario a que su propio ejecutivo incumpla la promesa de suprimirlo, incluida en el programa electoral de CiU. Pese a que ayer el secretario del Gobierno, el convergente Germà Gordó, anunció que el Govern impulsará la supresión parcial de este impuesto, sin eliminarlo para familiares en tercer grado de consanguinidad, hoy Pelegrí, tras la reunión del comité de gobierno de Unió, no ha querido certificar la veracidad de este anuncio.

La polémica empezó el lunes por la mañana, cuando el consejero aseguró que desconocía esta propuesta y que la había conocido a través de los medios de comunicación, por lo que evitaba darla por definitiva antes de verla por escrito y escuchar hoy las explicaciones de sus colegas de gabinete en la reunión del Ejecutivo. Pelegrí se esforzó en rueda de prensa en no transmitir una imagen deenfrentamiento abierto con Convergència por este tema, pero no tuvo problemas en dejar claro que para Unió sigue siendo una obligación cumplir el programa de CiU, que habla explícitamente de "suprimir el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con carácter inmediato". "Unió no tiene ninguna intención de incumplir el programa electoral de CiU. No hay más discusión. Queremos lo que pone el programa electoral", recalcó.

El anuncio no ha cambiado la posición del PSC respecto a los presupuestos, ya que este partido insiste en que no avalará unas cuentas que impliquen una rebaja fiscal. En una entrevista a Ràdio 4, el secretario de organización de este partido, José Zaragoza, insistió ayer en que las últimas aclaraciones del Gobierno catalán acerca del alcance de la rebaja de sucesiones ponen de manifiesto el "caos" y el "descontrol" que caracterizan al ejecutivo de Artur Mas.

El PSC continúa exigiendo al ejecutivo de Mas que aplace al menos un año la supresión de este impuesto si quiere contar con su colaboración de cara a los presupuestos de la Generalitat para 2011. "Es incomprensible. Les hemos pedido que lo aplacen, no que sólo lo bajen un poco menos. Que lo aplacen. Que no nos vengan a tomar el pelo a todo el mundo", subrayó Zaragoza. El dirigente socialista opinó también que la polémica sobre el impuesto de sucesiones revela que el Gobierno catalán "se siente débil" y que "no se atreve a defender hasta el final" lo que prometió. Zaragoza remarcó que no tiene sentido que reclame "sacrificios" a todos los catalanes y a la vez trabaje para eliminar impuestos "a los ricos".

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alícia Sánchez-Camacho, manifestó ayer que, con el anuncio, "el Gobierno está en una línea equivocada que no facilitará la negociación de los presupuestos" de la Generalitat. ERC exigió claridad. El secretario general de ERC, Joan Ridao, pidió ayer a CiU que acabe con "el sainete" que protagoniza porque "va en camino de ser peor que el de la velocidad de 80 kilómetros por hora", y reclamó que diga con claridad qué piensa hacer. Según la portavoz de ICV, Laia Ortiz, el Ejecutivo de Mastrata de "disimular la práctica supresión" del Impuesto de Sucesiones para dar la impresión de que no son tan injustos.