La supresión del impuesto de sucesiones complica el pacto de los Presupuestos
El PSC pide mantener el tributo y el PP, además, quitar el de donaciones
La anunciada eliminación del impuesto de sucesiones le va a dar quebraderos de cabeza a CiU. El programa electoral de la federación prometía la supresión, pero eso va a entorpecer la negociación de los Presupuestos. Para aprobar las cuentas de este año, CiU necesita el apoyo o la abstención del PP o el PSC. Y por distintos motivos, ambos partidos marcaron ayer sus condiciones: los socialistas piden aplazar la supresión ante la dureza de la crisis y los populares, que también se derogue el impuesto de donaciones.
Sin esa tasa, las arcas de la Generalitat dejarán de ingresar casi 400 millones de euros, justo ahora que se ha anunciado una ola de recortes que puede originar, por ejemplo, que muchos institutos no puedan pagar la luz o la calefacción. Pero Artur Mas, presidente de la Generalitat, está decidido a suprimir el impuesto para cumplir con su programa y no defraudar a la ciudadanía. En realidad, decepcionaría a pocos electores porque la supresión solo beneficiará a las fortunas de más de un millón. Y en 2010 únicamente hubo 529 herencias por encima de ese límite. Con el tripartito ya quedaron exentas el 94% de las herencias. O sea, el 99% de los legados entre cónyuges y el 97,5% de los que se producen entre padres e hijos.
La eliminación beneficia a las fortunas de más de un millón de euros
En 2010 hubo 529 herencias por encima del límite, el 6% del total
Miquel Iceta, portavoz del PSC condicionó ayer un posible apoyo a los Presupuestos a que no se aplique este año la supresión del impuesto. En su opinión, la ciudadanía no entendería que en tiempos de crisis como los que corren, la Generalitat renuncie a esos ingresos.
"Tienen cuatro años para cumplir su compromiso electoral, pero no estamos dispuestos a que el Gobierno nos tome el pelo adoptando medidas antes de aprobar los Presupuestos. Estamos dispuestos a hablar, pero con rigor y poniendo sobre la mesa los ingresos y los gastos previstos", dijo Iceta. Y en este marco, el portavoz socialista considera que la supresión del impuesto alteraría "de forma irrevocable" los ingresos públicos.
A Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, le parece insuficiente la supresión y reclama a Mas que también cumpla su programa electoral haciendo lo propio con el impuesto de donaciones. Por eso, instó a CiU a apoyar la proposición del PP que se debatirá en el Parlament entre el 14 y 15 de abril. "Si no votan a favor, será una mala noticia y pondrá en dificultades la negociación de los Presupuestos", avisó Sánchez-Camacho, que pidió a CiU anular otras cuatro subidas de impuestos aplicadas por el tripartito en 2010. En plena carrera electoral y con la vista puesta en el 22-M, el PP reivindica la paternidad de la reforma fiscal al promoverla sin éxito en 1999 y 2003 -con CiU en el poder- y 2006, con el tripartito.
Teixidó: "Los recortes son un disparate"
La menor queja en dos años. CiU ha sido un bálsamo en los últimos tiempos y Antoni Fernández Teixidó, portavoz económico de CiU en el Parlament, sorprendió al arremeter contra los recortes. En declaraciones al programa Parlament, de TV-3, Teixidó, consejero de Trabajo con Pujol, cuestionó la forma y el fondo de los recortes: "A mí me parece que se ha producido una perdigonada de recortes; no tiene demasiado sentido cómo han sido formulados. Es decir", dijo, "yo reclamo que el Gobierno, y naturalmente que lo hará, sea más escrupuloso, muy selectivo y específico con lo que hemos de tocar. Hablar de recortes generalizados me parece, sinceramente, un disparate".
Joan Herrera, líder de ICV-EUiA, deslizó la existencia de otras diferencias en el Ejecutivo a propósito de sucesiones. "Es más que una intuición", dijo. "Es un impuesto demasiado obsceno y moralmente inaceptable". Joan Ridao, de Esquerra (ERC), juzgó la eliminación de "injusta" (afecta al 6% de la población); "inoportuna" (por la crisis) y electoralista (prisionera de una promesa electoral). Mientras, el PSC elevará al Parlament las palabras de la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Pifarré, de que entre 15.000 y 20.000 funcionarios hacen tareas burocráticas que se deben replantear. "Es descabellado y queremos saber cómo piensa eliminarlos", dijo Iceta.
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