Los sindicatos protestan por los recortes de la Generalitat simulando una UCI
CCOO y UGT advierten de que estas medidas podrían producir una fractura social
Con bata, gorro y cubre calzado verde, funcionarios de distintos departamentos de la Generalitat se tumban en una camilla a la espera de que alguien les atienda. De esta manera un centenar de funcionarios han escenificado esta mañana la situación en la que quedaría la administración pública tras los recortes anunciados por la Generalitat representantes de CCOO y UGT frente al Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat, en la Rambla de Catalunya.
A punto de entrar al quirófano pacientes con carteles de Correos, Escuela, Transporte Público, Sanidad o Residencias agonizan ante la mirada de sus familiares. Los sindicatos buscan así transmitir la sobrecarga de trabajo que sufrirá la administración tras la reducción del personal. "Los servicios públicos son una parte muy importante del estado de bienestar y el gobierno va a mermar esta calidad, lo que puede provocar una fisura social", ha manifestado Josefina Pujol, coordinadora del área publica de CCOO.
Desde que el ejecutivo de Mas anunciase el plan de ahorro que afectaría al sector funcionarial de la administración pública, con una pérdida de entre 15.000 y 20.000 funcionarios, los sindicatos han mostrado su rechazo total ante este tijeretazo reclamando una mejor estructuración del sistema público sin necesidad de disminuir el número de funcionarios.
El plan de austeridad para contener el déficit de la Generalitat, busca pasar del 3,25% previsto para este año al 1,1% en 2013 a través del recorte de gastos en materia de presupuestos, gasto corriente de funcionamiento y servicios.
"Está demostrado estadísticamente que Cataluña es la comunidad autónoma con mas habitantes por empleado público y con estas medidas solo se consigue el incremento de las listas de espera, la precariedad en la atención de personas de la tercera edad o la incapacidad para gestionar correctamente los jardines de infancia", añade Pujol.
Desde UGT, Xavier Casas ha cuestionado la validez de las medidas y ha advertido que "la privatización del sector público resta competencias de autogobierno de un pueblo que ha luchado por ello y que ve ahora como su gobierno no puede sacarlo adelante".
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