Arabia Saudí libera a un prominente clérigo chií para aplacar las protestas

Las autoridades de Arabia Saudí quieren acabar con las protestas chiíes antes de que se extiendan. Por un lado han reforzado el control policial y de la prensa extranjera. Por otro, ayer trataron de rebajar la tensión dejando en libertad al jeque Tawfiq al Amer, cuya detención hace una semana dio lugar a varias manifestaciones. Según defensores de los derechos humanos en la Provincia Oriental, una veintena de personas están detenidas por haber participado en ellas y los guardias del palacio del gobernador golpearon con palos el sábado a un grupo de mujeres que pedía la liberación de sus familiares encarcelados.

"Es una buena noticia", admitía un activista nada más conocer que el jeque Tawfiq se encontraba en libertad y se dirigía a su domicilio de Hofuf. Ese clérigo chií fue detenido el domingo 27 de febrero tras haber defendido la monarquía constitucional en su último sermón. Aunque los chiíes apenas suponen entre un 10% y un 15% de la población saudí, son mayoritarios en la Provincia Oriental. El gesto va a apaciguar sin duda a los chiíes de Hofuf, pero en Qatif y otras localidades los ánimos se han exacerbado con las detenciones y el incidente de las mujeres en el palacio del gobernador.

Apaleado un grupo de mujeres que pedían la liberación de sus familiares

El Consejo de Ulemas respalda la prohibición de toda manifestación

Varias decenas de esposas y familiares de los llamados "presos olvidados" acudieron el sábado a la oficina del príncipe Mohamed Bin Fahd, para solicitar la liberación de sus seres queridos. Los nueve fueron encarcelados a raíz de un ataque contra una base estadounidense en Al Jobar en 1996 -en el que murieron 19 soldados norteamericanos- y aún no han sido juzgados. Al parecer, un funcionario prometió a las mujeres una cita con el gobernador provincial, hijo del fallecido rey Fahd. Sin embargo, una vez allí, este se negó a recibirlas y pidió la intervención de los guardias.

"Mohamed Bin Fahd ordenó a las fuerzas de seguridad que nos golpearan y se fue", declaró la esposa de uno de los presos a Rasid, una web sobre asuntos chiíes. Otra de las mujeres aseguró que el príncipe les amenazó y les dijo: "Dad gracias a nuestro señor de que no les hayamos ejecutado". Según las mujeres, los agentes les rodearon y golpearon con palos hasta que salieron del edificio. Una vez fuera, volvieron a corear eslóganes a favor de la libertad de sus familiares y las fuerzas especiales golpearon de nuevo a las mujeres.

"En nuestra cultura, la ofensa a una mujer es imperdonable; que haya sido el propio gobernador quien haya ordenado el ataque, va a traer cola", estimaba un activista.

El incidente se suma al de los detenidos en las protestas. "Hay 20 identificados; la lista está en Internet", informaba la misma fuente. Según la web Rasid.com, los detenidos tienen entre 21 y 53 años. Con anterioridad, Ibrahim al Mugaiteeb, presidente de Human Rights First, había cifrado en 26 las detenciones. "Veintidós tuvieron lugar el jueves y cuatro más el viernes", explicó a este diario. Según Al Mugaiteeb, cuya asociación no está autorizada, todos fueron detenidos en Qatif.

Quince defensores de los derechos humanos han difundido un comunicado en el que expresan su "preocupación por las detenciones y el acoso que afrontan quienes participan en las protestas". Aseguran que "esas prácticas contradicen el derecho de asociación pacífico al que el reino se ha comprometido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

El Ministerio del Interior recordó de forma tajante el día anterior que en el reino está prohibida cualquier tipo de manifestación y que la policía va a tomar todas las medidas a su alcance para impedirlas. El Consejo de Ulemas, por su parte, respaldó ayer esa medida.

Durante las dos últimas semanas, los chiíes saudíes han llevado a cabo pequeñas manifestaciones casi a diario para pedir la liberación de los "presos olvidados".

Aunque no demasiado concurridas, las movilizaciones han atraído la atención tanto dentro como fuera de este país, donde la sola idea de expresar la mínima disensión en público está considerada anatema. Varios activistas de derechos humanos han recibido llamadas aconsejándoles no hablar con los periodistas extranjeros.