El juez alega que el líder de Wikileaks no ha colaborado con los tribunales
La justicia británica aceptó ayer la demanda de extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, para que afronte en Suecia las alegaciones de violación y asalto sexual que pesan sobre él, aunque todavía no ha sido oficialmente encausado. El país nórdico "es el mejor lugar para decidir si se ha cometido algún tipo de delito", sentenció el juez de la corona británica Howard Riddle, echando por tierra los argumentos de la defensa del australiano, que se dispone a presentar un recurso. La vista de Londres no es, por tanto, la última palabra en un proceso que puede dilatarse hasta el próximo verano.
El magistrado Riddle se alineó nítidamente con la tesis de la fiscal Clare Montgomery -que representó a la acusación sueca- al sostener que la justicia de Suecia ha actuado de acuerdo con el derecho internacional y que los cargos de los que Assange es sospechoso también constituirían delito en Reino Unido. Y, en el mayor revés para la defensa, el juez subrayó que el antiguo hacker australiano no ha mostrado una verdadera disponibilidad para colaborar con la justicia y dejarse interrogar.
El australiano recurrirá la decisión para evitar el proceso por delitos sexuales
A pesar de la contundente sentencia, los abogados del alma máter de Wikileaks ya han adelantado que en el recurso no modificarán su línea de defensa, cuyos argumentos van mucho más allá de meras cuestiones legales. Esgrimen que su cliente no tendría un juicio justo en Suecia, con la prensa, la opinión pública y el propio primer ministro, Frederik Reinfeldt, abiertamente dispuestos en su contra. Si Assange acaba recalando en Estocolmo, permanecerá detenido e incomunicado hasta que se celebre un juicio o bien sea puesto en libertad, porque así lo prescribe la ley sueca en los casos de delitos sexuales.
El factor estadounidense, sin embargo, es el que tiene mayor peso en el debate sobre la causa contra Assange. El fundador de Wikileaks alega que su persecución está políticamente motivada, después de que su plataforma digital difundiera más de 250.000 cables secretos del servicio diplomático de Estados Unidos, en una filtración que fue definida por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, como "un ataque contra la comunidad internacional". Assange y una legión de seguidores temen que su traslado a Suecia facilite una supuesta demanda de extradición por parte de Washington, bajo los cargos de espionaje y alta traición que podrían conducirle a la pena de muerte, tal como reclaman las fuerzas ultraconservadoras desde el otro lado del Atlántico.
Un sector mayoritario de la ciudadanía sueca reclama que el caso se circunscriba a las cuatro acusaciones de delito sexual formuladas por dos mujeres, denominadas a efectos legales Miss B. y Miss A., aunque sus nombres reales son bien conocidos en los foros de Internet. La acusación más grave relata cómo Assange mantuvo relaciones sexuales con la primera sin su consentimiento y sin utilizar preservativo, mientras ella estaba dormida. Según la ley sueca, ese episodio constituye violación y es penado hasta con cuatro años de prisión. Pero el impacto de un hipotético proceso al hombre que desnudó los entresijos de la diplomacia de Washington adquiriría la dimensión de terremoto político.
