Zapatero confía en la independencia judicial

La decisión de la izquierda abertzale de tratar de concurrir a las elecciones municipales con un nuevo partido, Sortu, que rechaza la violencia de ETA, sitúa al Gobierno en una encrucijada, que tratará de solventar cediendo a los tribunales la decisión última sobre su legalización o ilegalización. Ayer lo precisó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al expresar su confianza en la "independencia del Tribunal Supremo en el contraste sobre la pretendida legalidad" de Sortu.

Pero también reclamó a todos que se contribuya a "que el debate sea más objetivo" sobre esta cuestión. Se refería a la enorme presión mediática que están ejerciendo el PP y los medios de comunicación afines a él, alineados en contra de la legalización de Sortu.

El Ejecutivo valoró el paso dado por la izquierda abertzale porque considera que, con esta decisión, el terrorismo se acerca a su final. En el Gobierno, a medida que se conocen los pormenores, se disipan los grandes recelos iniciales y crece la sensación de que la ruptura de la izquierda radical con ETA es irreversible. Una convicción de la que participan una mayoría de los partidos, con la excepción del PP y UPyD.

También crece la convicción de que la ruptura de la izquierda abertzale con la organización armada es el resultado del éxito de su política antiterrorista, de la combinación del acoso policial a ETA con la negociación que mantuvo en la primera legislatura con la banda, cuya ruptura precipitó el distanciamiento entre la izquierda abertzale y ETA.

Pero el Ejecutivo socialista se encuentra, por otra parte, con una enorme presión por parte del PP, sus medios afines y un sector mayoritario de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que cabalgan, además, sobre la lógica desconfianza existente en la opinión pública sobre las verdaderas intenciones de la izquierda abertzale.

El PP ya ha anunciado que, en caso de que Sortu sea legalizada, la responsabilidad será del Gobierno y dará por roto el pacto antiterrorista. Con esta posición, con ribetes electoralistas, el PP amenaza con repetir la campaña que realizó contra el Gobierno en la primera legislatura de Zapatero, cuando este avaló el proceso de final dialogado del terrorismo. En esas condiciones, el Gobierno tratará de buscar un equilibrio, facilitando, con la impugnación de los estatutos de Sortu, que sean los tribunales quienes decidan. La cuestión es si eso le bastará ahora al PP.